Secretario Brownfield se refiere a cooperación de EE.UU. con países andinos
A continuación una traducción de las declaraciones del secretario de Estado adjunto William R. Brownfield ante el grupo legislativo del Senado sobre Control Internacional de Narcóticos:
Departamento de Estado de Estados Unidos
Declaraciones de William R. Brownfield
Secretario adjunto, Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley
Ante el Grupo Legislativo del Senado sobre Control Internacional de Narcóticos
Washington, DC
19 de octubre de 2011
(como fueron preparadas para su lectura)
Cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y los países andinos
Presidenta Feinstein, copresidente Grassley y senadores, gracias por la oportunidad de comparecer ante ustedes hoy para discutir la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y la Región Andina.
Ninguna región del mundo tiene una relación más directa con la seguridad de Estados Unidos que los otros países del Hemisferio Occidental. Si bien mucha de la atención pública en asuntos de crimen y drogas en la región actualmente se centra en los esfuerzos críticos que se emprenden en México bajo la Iniciativa Mérida, la simple verdad sigue siendo que prácticamente todo el suministro de cocaína en el mundo viene de los Andes, específicamente de los países de Colombia, Perú y Bolivia. Estoy especialmente agradecido por esta oportunidad de hablar de lo que hacemos con nuestros socios en toda la Región Andina para erradicar el flujo de drogas ilegales y mejorar la seguridad regional, de las ganancias que ya se ven, y de lo que pienso sobre lo que ha de ocurrir.
La situación actual
En todo el hemisferio, la seguridad pública básica sigue siendo un desafío. Debemos continuar fomentando el estado de derecho para proporcionar una base para que todos los otros esfuerzos tengan éxito. Continuamos trabajando con los sistemas judiciales para proporcionar sistemas de justicia más satisfactorios y transparentes, apoyando a los fiscales en la gestión de los casos. En Colombia, apoyamos los esfuerzos de ese país para combatir la amenaza creciente de las Bandas Criminales (BACRIM) y para introducir la policía en las áreas rurales. Nosotros, con nuestros socios del gobierno de Estados Unidos, ayudamos a los países anfitriones con pericia técnica en asuntos como lavado de dinero y reducción de la demanda para que puedan comprender mejor la naturaleza corrosiva de las amenazas subyacentes y desarrollar programas y legislación que atiendan las necesidades específicas de cada país. Sin el marco provisto por un respeto subyacente al imperio de la ley, es casi imposible que nuestros programas antinarcóticos puedan tener un efecto sostenido.
La erradicación es un elemento fundamental de nuestros esfuerzos de colaboración en los tres países que producen coca: Bolivia, Perú y Colombia; y depende mucho del apoyo logístico que proporcionamos. Esto es especialmente cierto en Perú y Bolivia, que sólo tienen programas de erradicación manual que requieren recursos substanciales para transportar y equipar a los equipos de erradicación manual en el terreno. En Bolivia, los esfuerzos de erradicación son un punto destacado de una relación bilateral a veces difícil y en realidad excedieron el objetivo de 2010 de 8.000 hectáreas. Estos esfuerzos parecen haber parado la expansión del cultivo de coca como lo indica una inspección de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (UNODC) que mostró en 2010 un aumento en un año de sólo 200 hectáreas en la producción. Refuerza esas conclusiones el cálculo de Estados Unidos que mostró una disminución de 500 hectáreas de tierra en las que se cultiva la coca. En Perú, los esfuerzos de erradicación también excedieron las cifras que se perseguían en 2010, al eliminar de producción unas 13.000 hectáreas, lo que se traduce en aproximadamente un 20 por ciento del total de coca de Perú. Y en Colombia, las cifras son aún más impresionantes, con la erradicación de 146.000 hectáreas en 2010 por medio de una combinación de erradicación manual y aérea. La erradicación de cultivos es sólo un elemento de nuestros programas de cooperación más amplia en materia de seguridad con nuestros socios, pero es una declaración pública importante del compromiso de esos gobiernos de oponerse a las organizaciones criminales de la droga.
La importancia de esa cooperación más amplia en seguridad no puede exagerarse. El plan Colombia se basó en la idea de que la erradicación, la interceptación y el desarrollo alternativo se complementarían entre ellos. Y si bien tuvo éxito, especialmente en atender las preocupaciones de seguridad pública, también subrayó la necesidad de un compromiso aún más amplio. Esa lección sirvió para la creación del Plan Nacional de Consolidación de Colombia (PNC) con la meta de crear una presencia estatal más robusta en áreas donde había estado ausente. Esto va más allá de la presencia de seguridad para incluir desarrollo comunitario y económico, títulos de tierra, y participación cívica. Mediante la Iniciativa de Desarrollo Estratégico de Colombia (CSDI) de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, la ayuda de Estados Unidos ha evolucionado igualmente en un enfoque gubernamental completo. Estos esfuerzos, que dependen de una coordinación estrecha para que la seguridad, la aplicación de la ley y los esfuerzos del desarrollo sigan una secuencia apropiada, demuestran su éxito en Colombia y proporcionan un nuevo modelo de aplicación en otras partes.
Nuestra inversión en la región también paga dividendos en otros aspectos. Al proporcionar capacitación y equipos para la aplicación de la ley, incluyendo computadoras y más de 400 vehículos, la ayuda de Estados Unidos facilita los esfuerzos de Ecuador para interceptar drogas y sustancias químicas ilícitas y desmantelar laboratorios de producción de cocaína. Por ejemplo, la unidad canina que apoyamos representa un 25 por ciento de los decomisos en el país. Además de la mayor capacidad que esto crea, nuestra ayuda fomenta el intercambio efectivo de información entre las agencias y entre Estados Unidos y Ecuador, lo que finalmente resulta en operaciones más eficaces y la creación de una estructura sostenible para combatir la amenaza del narcotráfico y el crimen trasnacional. En Bolivia, la ayuda de Estados Unidos, inclusive el apoyo para programas de adiestramiento canino, han tenido como resultado decomisos de hoja de coca por parte de Bolivia que son 19 veces mayores que hace una década. En Colombia, donde las fuerzas de seguridad se combinan para decomisar más de 200 toneladas métricas de cocaína cada año, los beneficios son aún mayores. Capitalizando en su experiencia y en su comprensión de la naturaleza crítica de un enfoque cooperativo, la Policía Nacional de Colombia ha entrenado desde el año 2009 a más de 9.000 efectivos encargados de la aplicación de la ley, procedentes de otros 22 países de América Latina y África Occidental, en métodos tácticos y de investigación. Estos esfuerzos tienen el beneficio agregado de multiplicar el impacto de los esfuerzos de ayuda de Estados Unidos mientras se reduce su huella en tales programas y estableciendo una base autosustentable para mayor cooperación internacional en la región. En Bolivia vemos, y apoyamos, una mayor cooperación con Brasil en los asuntos relacionados con la lucha contra los narcóticos. El Perú, con una ubicación central, auspicia habitualmente el entrenamiento del personal encargado de aplicar la ley
procedente de toda la región en un centro regional de entrenamiento.
Esto no quiere decir que nuestro trabajo esté hecho, o que el curso esté fijado. Todavía quedan graves desafíos. La perturbadora presencia de peligrosos elementos de Sendero Luminoso en Alto Huallaga, Apurimac, y los valles del rio Ene en el Perú requieren una atención cuidadosa. También tenemos que enfrentar las fluctuaciones políticas y en la elaboración de las políticas inherentes al trabajar en apoyo de las democracias soberanas. Es más, las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas son dinámicas, negocios adaptables que siguen presentando nuevos desafíos en la medida que tratan de sobrepasar a los esfuerzos de aplicación de la ley. No precisamos mirar más allá de la proliferación de las naves submarinas fabricadas por pedidos. El primer uso conocido de un semisumergible fue en 2006, pero en los tres años siguientes hemos visto más de 150 instancias conocidas del intento o del uso de esos vehículos. Esa amenaza ha evolucionado hoy día mucho más allá, con el descubrimiento y decomiso de naves completamente sumergibles, primero en Ecuador en 2010 y este año en Colombia. Aunque estos decomisos son éxitos visibles, también subrayan tanto la determinación de las organizaciones de traficantes que tratan de usarlas como la necesidad de constante vigilancia para enfrentarse a estas y otras amenazantes herramientas en surgimiento.
Desafíos en evolución
Con frecuencia los traficantes responden a nuestros avances simplemente trasladándose a zonas donde la aplicación de la ley es más débil y el clima político es más favorable para la libertad de sus operaciones. La historia lo demuestra. Comenzamos a trabajar con Perú y Bolivia en la década de 1980 y los traficantes trasladaron sus operaciones a Colombia. El éxito del Plan Colombia provocó el traslado del tráfico a México. Las rutas basadas en el Caribe durante la década de 1980 también han sido reemplazadas por rutas que conducen el producto a Estados Unidos por medio de América Central y México. Nuestra experiencia en la región andina y por todo el Hemisferio Occidental ha demostrado que es una cuestión sobre el cuándo y no sobre si es que ocurrirá, que los traficantes se trasladen y a dónde van a ir la próxima vez.
La naturaleza evolutiva de la amenaza que plantean las organizaciones de traficantes de drogas y las organizaciones criminales transnacionales subrayan la importancia de permanecer comprometidos y continuar teniendo asociaciones bilaterales firmes con todos nuestros asociados dispuestos en toda la región. Cuando los esfuerzos de cooperación se quiebran o interrumpen surgen brechas en las capacidades que los traficantes están deseosos de aprovechar. Lo hemos visto por ejemplo, en Venezuela, donde en la actualidad la cooperación contra los narcóticos solo ocurre como excepción a la norma en lugar de ser la norma misma. Como resultado, en menos de una década, el tráfico de cocaína se ha más que triplicado allí.
Estamos, me parece, en un punto histórico en la lucha contra el tráfico de drogas. Con nuestros asociados hemos tenido éxito en establecer una cierta capacidad para confrontar a las organizaciones traficantes de drogas. Es imperativo que aprovechemos esta oportunidad para pensar sobre el futuro de nuestro compromiso, más que seguir simplemente haciendo lo que ha dado resultado en el pasado. A medida que miramos al futuro debemos estar dispuestos a hacer evaluaciones realistas y reajustar nuestro compromiso a la situación en el terreno en los países que nos hacen de anfitriones, tanto en términos de la naturaleza de la amenaza como de la disposición de los gobiernos anfitriones en toda la región andina para colaborar de manera significativa. En Colombia esto puede significar la nacionalización gradual de los elementos maduros del programa, como es la Aviación del Ejército de Colombia, la Brigada Antidrogas y el programa Rechazo al puente aéreo. En Perú esperamos aprovechar el éxito de los programas en San Martín, donde los programas de erradicación y desarrollo han estado estrechamente vinculados, así como reconformar una estrategia más amplia de compromiso para ayudar a nuestro asociado a aplicar el enfoque de gobierno en su totalidad para tratar el tema del cultivo de la coca y los problemas del tráfico allí.
Para cerrar, quisiera felicitar a nuestros asociados en la región por su sobresaliente tarea en estos temas. En toda la región los programas de erradicación siguen siendo una poderosa expresión, y muy pública, de la oposición del gobierno a la criminalidad. Los funcionarios locales encargados de aplicar la ley, ahora mejor equipados y entrenados, tienen más capacidad de realizar operaciones fundadas en la inteligencia que afecten más eficazmente a las organizaciones criminales. Lo que es más importante, cada vez vemos más que los países de la región trabajan en conjunto contra esos adversarios comunes. Por supuesto que sin duda queda mucho progreso por hacer y esperamos con interés trabajar juntos en favor de una mejor seguridad para sus ciudadanos y los nuestros. Para hacer ese progreso tenemos que aprovechar las muy verdaderas ganancias que nuestras colaboraciones en la región ya están produciendo. Y debemos estar dispuestos a reajustar nuestro compromiso como sea necesario para mejorar la forma en que enfrentamos las tácticas cambiantes de las altamente motivadas organizaciones criminales. Si continuamos trabajando con nuestros asociados comprometidos en la región, lo podemos lograr.
Gracias presidenta Feinstein, copresidente Grassley, y otros distinguidos senadores, por su atención.
(termina el texto)
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