Reiteran diputados federales priistas de Coahuila importancia de derogar impuesto al gas grisú
Acuden a la Comisión de Hacienda, encabezados por su coordinador parlamentario, Francisco Saracho Navarro; exponen que eliminar este gravamen contribuirá a la seguridad de los mineros y a la protección del medio ambiente
Mexico, D.F. Los diputados federales priistas de Coahuila acudieron a la reunión plenaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para reiterar la importancia de derogar el impuesto por el uso y aprovechamiento del gas grisú.
Encabezados por su coordinador parlamentario, Francisco Saracho Navarro, manifestaron que derogar el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, relativo al citado gravamen, contribuirá a la seguridad laboral de los mineros, al bienestar de nuestro medio ambiente, así como alentar la inversión en tecnología para dicha industria.
En voz de Hugo Héctor Martínez González, recordaron que el Congreso de la Unión aprobó reformas para que se les permitiera a las empresas mineras el aprovechamiento del gas grisú; sin embargo, al publicarse el Reglamento en 2008, se estableció un gravamen del 50 por ciento sobre el valor anual del gas extraído, mismo que se ajustó al año siguiente, en 40 por ciento, motivo por lo que las empresas siguen liberándolo a la atmósfera, pues resulta costoso y complicado usarlo o vendérselo a Pemex.
Subrayaron que desde la desafortunada experiencia de 2006, registrada en Pasta de Conchos, se han realizado esfuerzos por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, conjuntamente con las secretarías de Energía y de Economía, sin que a la fecha se haya dado el control y aprovechamiento del gas grisú.
Incluso, indicaron que la bancada priista coahuilense, presentó en octubre del 2010, en voz del entonces diputado Rubén Moreira, una iniciativa similar con la finalidad de contribuir a la problemática descrita por el gas grisú, para buscar incentivar la inversión, la protección del medio ambiente y aprovechamiento del gas grisú, así como fortalecer los mecanismo de prevención de accidentes de trabajo en la minas.
Ante legisladores de todas las fuerzas políticas que integran la Comisión de Hacienda, los diputados federales priistas de Coahuila informaron que la extracción del carbón que libera al gas grisú, representa para la minería nacional importantes beneficios económicos, ya que su explotación produce en tiempos normales una derrama anual promedio de más de mil 200 millones de pesos por con concepto de su venta, y su extracción genera un importante porcentaje de la energía eléctrica, pues se calcula que enciende 14 de cada 100 focos existentes en el país.
Además, mencionaron que existen tres regiones carboníferas ubicadas en los estados de Oaxaca, Sonora y Coahuila. De éstas, la más importante se desarrolla en los municipios coahuilenses de Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso, en el que se encuentra el 95 por ciento de las reservas nacionales de carbón, en un territorio de más de 16 mil kilómetros cuadrados.
También recalcaron que desde que se inició el aprovechamiento por la extracción del carbón, se han registrado diversos accidentes de trabajo, pues sólo en Coahuila han ocurrido aproximadamente 49 explosiones que cobraron la vida de mil 855 personas.
Al respecto, refirieron el accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006, en la mina Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, donde perecieron 65 mineros, o el último suceso de fecha 26 de agosto del presente año en la mina La Esmeralda donde murieron cuatro trabajadores por acumulación de gas grisú y la ausencia de condiciones para la extracción del carbón”, puntualizaron.
Finalmente, destacaron que la falta de la aplicación de una tecnología para el aprovechamiento del gas grisú, ha sido una de las causas principales de la inseguridad dentro de las minas, así como la insolvencia de un presupuesto apropiado que permita desarrollar planes y programas de beneficio, toda vez que no existe, hasta este momento, una solución en la que participen todos los actores que se acompañen de una regulación basada en el consenso y la experiencia de los trabajadores, autoridades municipales, locales y federales y los especialistas.
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