Reforman programa de rescate para bancos de Estados Unidos
Nuevo enfoque trata de lograr mayor transparencia y participación del sector privado
El gobierno de Estados Unidos y su banco central han comenzado a tomar medidas para atacar la crisis financiera en múltiples frentes, con la esperanza de que al atender las debilidades críticas se haga funcionar de nuevo al sistema financiero.
Washington, EE.UU. El secretario de Hacienda Timothy Geithner anunció el 10 de febrero una nueva estrategia multifacética para resolver los problemas que afectan el sistema bancario en el marco del programa financiero que se conoce como Plan de Alivio de Activos en Problemas (TARP). El proyecto de ley que estableció el TARP se convirtió en ley en octubre de 2008. La administración Bush gastó en 2008 los primeros 350.000 millones del total de 700.000 millones de dólares de que consta el plan, y en diciembre de 2008 pidió la asignación restante de la que se encargaría la futura administración Obama.
El presidente Obama, quien declaró que el sistema bancario estaba “cerca del colapso”, cuestionó la forma en se gastó la primera mitad.
“No se le sacó el máximo rendimiento que se le debería haberse sacado”, dijo a los periodistas el 9 de febrero.
Obama explicó que el plan – cuyo nuevo nombre es Plan de Estabilidad Financiera – y el plan de estímulo económico que actualmente está en el Congreso son elementos complementarios de la campaña que ha emprendido su administración para reactivar la economía y crear puestos de trabajo.
Geithner dijo que ciertos sectores críticos del sistema financiero estadounidense han sufrido daños y, como consecuencia, el sistema reacciona contra la recuperación, en lugar de impulsarla.
“Es una dinámica peligrosa y es menester detenerla”, aseveró.
El nuevo enfoque que ha propuesto el secretario se basa en tres iniciativas independientes: la infusión de capital nuevo para los bancos, un fondo de inversión pública y privada que compra y administra los activos tóxicos y el apoyo a la ampliación de préstamos comerciales. El propósito de estas iniciativas es reactivar en toda la economía la circulación de crédito, que se ha visto reducida a un goteo.
La primera iniciativa proporcionará capital nuevo a los bancos que, tras un examen riguroso, se consideren lo suficientemente sanos como para conceder préstamos, incluso si la economía empeora. La participación en este examen será obligatoria para los bancos que tengan 100.000 millones de dólares o más en activos.
El gobierno comprará valores preferentes convertibles que, en última instancia, podrían darle una participación accionista en estas empresas, e impondrá condiciones estrictas a los bancos, entre estas la obligación de divulgar su exposición a los activos tóxicos. La iniciativa alentaría a los bancos a aumentar los préstamos y “a sustituir la asistencia pública con capital privado lo antes posible”, dijo Geithner.
La segunda iniciativa, también dirigida a atraer inversionistas privados, establecerá un fondo de inversión pública y privada con capacidad de hasta un billón de dólares para resolver la cuestión de las hipotecas cuyo valor es difícil de concretar y los títulos respaldados por hipotecas. Estos valores son un lastre para los balances generales de los bancos y perjudican su capacidad para conceder préstamos. El Departamento de Hacienda espera que al contribuir a retirar estos activos tóxicos de los balances de los bancos el fondo liberaría capital para conceder préstamos. Y al invitar a los administradores de capitales y activos del sector privado se proporcionaría un mecanismo de mercado para valorar esos activos, según explicó Geithner. Los detalles del programa están aún por concretarse.
En la tercera iniciativa, Hacienda se suma a la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, en un intento de quintuplicar el tamaño de un programa de préstamos comerciales valorado en 200.000 millones de dólares y que el banco central ha venido elaborando desde noviembre de 2008. El programa apoyaría los préstamos a la pequeña empresa y las hipotecas comerciales, además de los préstamos al consumo.
Geithner dijo que en las próximas semanas la administración pondrá en marcha un nuevo programa destinado a ayudar a los propietarios de vivienda a afrontar los pagos de la hipoteca y evitar los embargos hipotecarios.
La aplicación de TARP, un programa ideado por el secretario de Hacienda Henry Paulson durante la administración Bush, ha estado sumida en la polémica. La manera “improvisada” en que la administración Bush utilizó los fondos ha sido criticada por algunos legisladores y expertos del sector privado, quienes dicen que aumentó a la incertidumbre del mercado.
Algunos grupos del Congreso y del sector privado sostienen que la primera etapa del plan carecía de transparencia y fiscalización adecuadas, que la mayoría de los bancos acapararon el dinero del gobierno y que el gobierno podría haber pagado demasiado por algunos activos bancarios. Además, la noticia de casos en que se siguió gastando dinero en beneficios adicionales y salarios fastuosos para los directivos de los bancos que recibían ayuda del gobierno ha encolerizado al público. Con anterioridad al anuncio del 10 de febrero, Hacienda dijo que impondría un tope a los salarios de los ejecutivos de bancos que reciben importantes ayudas públicas. La administración también prometió fiscalizar la manera en que los bancos gastan el dinero del gobierno y limitar su capacidad para utilizar ese dinero para fines distintos de la actividad de préstamos.
El objetivo final de las nuevas iniciativas es hacer que el plan de rescate financiero sea más coherente y amplio, para así facilitar el retorno de la confianza en los mercados, según informaron funcionarios de la administración Obama.
Geithner reconoció que el rescate financiero representa un compromiso considerable de fondos públicos, pero agregó que si no se hiciera nada o se hiciera muy poco, Estados Unidos estaría expuesto a riesgos aún más graves.
“Aun con lo costoso que esta iniciativa pueda ser, sabemos que el costo de un colapso total de nuestro sistema financiero serían incalculable para las familias, para las empresas y para nuestro país”, dijo.
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