Respuestas que podrían transformar a México: Quadri
Candidato de Nueva Alianza a presidente de México
México, D.F. ¿Qué Estado queremos los mexicanos? Ésta es la interrogante principal que subyace al conjunto de preguntas planteadas en el documento público del 27 de marzo de 2012. Sin ser exhaustivas, buscan respuestas para una ciudadanía cansada de una clase política fragmentada y dividida y de la carencia de políticas de Estado.
Hemos manifestado públicamente la conveniencia de introducir al debate asuntos estratégicos e ineludibles para el futuro de México. Temas como el destino de las ciudades, la biodiversidad en tierra y mares, y la soberanía y sustentabilidad energéticas del país.
De ahí que, además de fijar una posición inicial, proponemos visiones concretas de política pública y cambio institucional para que la ciudadanía conozca las ideas de todos los candidatos presidenciales al respecto.Las demandas ciudadanas insatisfechas exigen que no retrasemos más las reformas estructurales.
Han de construirse con base en liderazgo y diálogo, teniendo como objetivos prioritarios que México sea un país próspero, con seguridad ciudadana, educación de calidad y sustentabilidad. Es evidente que los ciudadanos no sólo exigen a los políticos fijar una posición frente a un conjunto de temas relevantes, sino un compromiso para revisar y rediseñar las instituciones del Estado mexicano, a partir de programas y políticas públicas viables.
En mi candidatura presidencial por Nueva Alianza sostengo que los proyectos para reformar el Estado mexicano deben cimentarse en tres premisas básicas.
En primer lugar, se debe garantizar la gobernabilidad democrática, atendiendo a la necesidad de re-institucionalizar y no de desestabilizar; en segundo término, es preciso ampliar y defender las libertades y los derechos ciudadanos plenamente; y, finalmente, la campaña electoral como la elección misma, deben servir para que la sociedad participe en este debate sobre el futuro de México y no sólo para que candidatos y partidos le pidan su voto sin reflexión.
En resumen, no se trata de quién o qué partido gane las elecciones, sino qué proyecto de nación obtiene el respaldo de los ciudadanos.
A continuación respondemos, de manera sucinta, al cuestionario público que nos han dirigido a los contendientes por la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, en el entendido de que podremos ampliar y deliberar con mayor alcance en el foro que para tal fin han propuesto.
Preguntas cuyas respuestas podrían transformar a México
H3. Seguridad, ejército, policía y Ministerio Público
1. ¿Estaría de acuerdo en mantener al ejército haciendo tareas de seguridad pública mientras no haya policías capaces de cumplir adecuadamente esta función, y en crear una policía nacional que sustituya gradualmente a las policías estatales y a las municipales?
Sí, estoy de acuerdo en mantener al ejército en tareas de seguridad pública mientras construimos una Policía Federal de clase mundial (con todo lo que ello implica), desaparecemos las policías municipales y construimos el mando único en las entidades federativas, con una coordinación basada en el rediseño institucional en esta materia. En otras respuestas se ofrecen más detalles.
2. ¿Qué en concreto haría realmente distinto de lo que se hace hoy?
Promover e impulsar una cultura de legalidad ciudadana desde la educación básica; dignificar social y económicamente a las fuerzas de seguridad pública; crear la Cédula Nacional de Identidad con datos biométricos infalsificables; desarrollar un Registro Nacional de Vehículos con las tecnologías más modernas; instrumentar la Reforma Penal a fondo antes de 2016 en todo el país; e impulsar un debate formal para encontrar mecanismos de regulación de las drogas y de atención a las adicciones como problema prioritario de salud pública.
3. ¿Estaría de acuerdo en crear una secretaría de las fuerzas armadas bajo mando civil, y una secretaría de Estado que se ocupe de todas las fuerzas civiles y tareas de seguridad sin funciones políticas?
Sí, a partir de las premisas señaladas y, sobre todo, garantizando que la procuración de justicia esté exenta de presiones e intereses políticos o electorales.
4. ¿Estaría de acuerdo en consolidar la autonomía de la PGR, nombrando a su titular por un plazo fijo y cediendo la potestad presidencial para removerlo libremente, así como establecer la autonomía de gestión del Ministerio Público en todos sus niveles?
Sí, sobre la base de las premisas señaladas y como elemento fundamental de la Reforma Penal, incluyendo mecanismos de control que eviten una concentración de poder derivada de esa autonomía relativa y dotando al Ministerio Público de las capacidades técnicas indispensables para ello.
Transparencia y corrupción
5. ¿Estaría de acuerdo en simplificar la presentación de la información pública bajo los lineamientos dictados por un grupo de expertos independientes?
Sí. Siempre que se recupere la experiencia obtenida por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y sobre criterios de eficiencia en la gestión.
6. ¿En publicar en internet todo pago que se realice y toda factura que se reciba en las dependencias del gobierno a su cargo y a promover esa misma transparencia en todos los demás órdenes de gobierno?
Sí, y adicionalmente propongo un mecanismo ciudadano de seguimiento y escrutinio sobre el gasto público a nivel federal, estatal y municipal.
Rendición de cuentas
7. ¿Estaría de acuerdo en dar a la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso a la Secretaría de Hacienda, las facultades y/o capacidades reales necesarios para auditar y fiscalizar los fondos federales, incluyen el Ramo 33, que se transfieren a los estados, en volver fiscalizables y transparentes también todos los recursos entregados a terceros, en particular a sindicatos públicos, partidos políticos, organismos autónomos y los otros Poderes de la Unión?
Sí, y adicionalmente dotaría de competencias y decisiones vinculantes efectivas al IFAI. Impulsaría, además, las propuestas que actualmente formula la Red por la Rendición de Cuentas que coordina el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
En esta candidatura presidencial por Nueva Alianza estamos de acuerdo con el conjunto de planteamientos que se presentan, bajo las siguientes consideraciones:
- La transparencia, la rendición de cuentas y los programas anticorrupción deben asumirse como medios y mecanismos institucionales para fortalecer la gobernabilidad democrática; ampliar la participación social y garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos; incrementar la eficiencia y la eficacia gubernamental; y mejorar la representación y representatividad de las organizaciones sociales y políticas.
- Todos los organismos públicos e instituciones del Estado deben estar sujetos a un marco general obligatorio de transparencia y rendición de cuentas: los Poderes de la Unión, poderes locales y gobiernos de los tres niveles, organismos autónomos, dependencias y entidades públicas centralizadas, descentralizadas y desconcentradas, así como toda empresa con participación estatal.
- Los poderes Judicial y Legislativo de la Unión deben acelerar su transición hacia formas y mecanismos que garanticen la transparencia y rendición de cuentas, tanto de su gestión como del ejercicio de los recursos que les son asignados.
- Los partidos políticos deben estar obligados a transparentar y rendir cuentas no sólo por el ejercicio de los recursos públicos que se les asignan sino también sobre su gestión interna.
- Los sindicatos públicos deben estar obligados a transparentar el ejercicio de los recursos públicos que reciben y a rendir cuentas de su gestión en dos niveles distintos: por una parte, deben garantizar la absoluta transparencia ante sus agremiados por el ejercicio de los ingresos que reciben por concepto de cuotas sindicales. En estricto sentido, las cuotas sindicales son hasta ahora recursos privados (cuotas de los trabajadores) trasladados a las organizaciones gremiales para su sostenimiento, por lo que los gobiernos sindicales deben responder ante los propios trabajadores por el ejercicio de dichos recursos. Tanto el ordenamiento sindical interno como el marco legal del país deben garantizar que los trabajadores tengan acceso a la información y cuenten con mecanismos de vigilancia sobre el ejercicio de los recursos que aportan a sus organizaciones gremiales. Por otra parte, los sindicatos públicos que reciban recursos directamente del Estado a través de convenios, fideicomisos o aportaciones especiales para fines específicos deben ser sujetos obligados por el mismo marco general de transparencia y rendición de cuentas que obliga a las instituciones del Estado, para informar sobre este tipo de recursos.
- La transparencia y la rendición de cuentas, así como los valores y las prácticas que ambos conceptos conllevan deben ser obligatorios también en el sector empresarial, en los medios de comunicación titulares de concesiones públicas y en las organizaciones de la sociedad civil.
Educación
8. ¿Ampliar la jornada a 6.5-8 horas diarias?
Sí, por supuesto, llevando a cabo los ajustes laborales y presupuestales necesarios, así como los programas indispensables de capacitación de docentes, equipamiento y nueva infraestructura escolar. Nuestra propuesta, incluso, va más allá y plantea impulsar decididamente el modelo de escuelas de tiempo completo; pero esa ampliación del horario o, incluso el modelo, quedaría reducido a una medida aislada si no desarrollamos un nuevo modelo educativo nacional que enriquezca los contenidos educativos para hacer realidad una educación integral.
En la educación se cifran las más altas expectativas de México: esperamos que en nuestras escuelas se forje a ciudadanos respetuosos de la legalidad y comprometidos con la democracia como forma de vida; se enseñen los valores que hagan posible una convivencia respetuosa, incluyente y digna; que impulse un desarrollo económico nacional sustentable en un mundo altamente competitivo; que genere una conciencia comprometida con el cuidado y la preservación del medio ambiente; que proteja la riqueza de nuestra diversidad cultural. Una escuela pública y de calidad que permita que la educación recupere su capacidad para promover la movilidad social; una educación que garantice la diversidad y el respeto a los derechos humanos con énfasis en los de la niñez, de las personas con capacidades diferentes y de los adultos mayores.
Todas estas y muchas otras expectativas buscan ser satisfechas en las escuelas. Por ello es necesario —más allá de acciones aisladas—, impulsar con la más amplia participación de todos los actores, una política de Estado en materia educativa y un nuevo modelo educativo nacional que se sustente en los principios del Artículo Tercero constitucional referidos a la educación pública de calidad, laica, gratuita y obligatoria.
9. ¿Proveer a cada niño con una computadora asegurando la conectividad de banda ancha en cada escuela?
Sí, pero es indispensable desarrollar los programas de formación continua y capacitación docente, procedimientos de mantenimiento de equipo e instalaciones, y cambio curricular que hagan efectivas estas medidas. Es preciso tomar en cuenta los errores, fracasos y deficiencias de programas como Enciclomedia y Habilidades Digitales para Todos.
Uno de los componentes del nuevo modelo educativo debe ser el desarrollo de habilidades digitales, y para que ello sea posible las escuelas deben contar con adecuada conectividad y los niños y niñas con un equipo de cómputo personal. Esta vertiente tecnológica del modelo educativo que propongo lleva necesariamente a un cambio en el enfoque educativo para pasar de una educación centrada en el aprendizaje genérico a una educación que ponga en el centro de la atención al alumno y sus múltiples intereses educativos. Este cambio también requerirá de la transformación del rol del maestro y al impulso de comunidades de aprendizaje.
10. ¿Someter todas las plazas nuevas y liberadas de docentes, directores y supervisores a concurso y aprobar que la evaluación docente sea universal, obligatoria y periódica y que sólo los maestros certificados den clase?
Sobre el sistema de ingreso, permanencia y promoción en el sistema educativo, por supuesto que deben ser concursadas todas las plazas no solo las de docentes y directivos sino también las de funcionarios de más alto nivel del sistema. Más aún, la evaluación requiere de un Instituto de Evaluación Educativa ciudadanizado —una especie de IFE de evaluación educativa— y ésta debe ser integral. Evaluar, sí, los aprendizajes del alumno y el desempeño del magisterio; pero también evaluación de infraestructura, de la administración; del desempeño de todos los servidores públicos y de los indicadores de equidad y calidad de todo el sistema educativo nacional.
Estoy a favor de la evaluación; pero debemos tener cuidado: la evaluación no es un fin en sí misma; debe servir para incidir en las áreas de oportunidad. Si no se cuenta con un verdadero sistema de formación continua, actualización, capacitación y superación profesional, la evaluación será un ejercicio estéril para mejorar la calidad de la educación pública. Por supuesto que la evaluación no debe en ningún momento significar la afectación de derechos de los docentes.
11. ¿Entregar un Padrón Nacional Único de Maestros, eliminar todas las comisiones no educativas y resolver que no exista retención automática de cuotas sindicales?
Por supuesto que a este tema están unidas la rendición de cuentas, la transparencia y la necesaria participación social en la educación. Es fundamental conocer el padrón de trabajadores de la educación federales y estatales, disminuir las comisiones no educativas y encaminarnos paso a paso hacia un paradigma en el que prevalezca la decisión individual y la cotización voluntaria de los agremiados a los sindicatos. Sin embargo, creo que, en el contexto actual, debemos defender que los sindicatos sigan existiendo; que sean más eficaces y eficientes en la defensa de los derechos laborales, salariales y profesionales.
El tema de las cuotas está vinculado estrechamente con la legitimidad de la organización sindical y el grado de representatividad de sus dirigencias. La retención es un asunto “técnico” que realiza cualquier empleador (es usual en la iniciativa privada) como parte de un acuerdo con el sindicato y, por supuesto, con la autorización de los trabajadores afiliados. Lo importante, en último término, no es la “retención automática” sino los pasos previos y sus efectos:
I. Afiliación voluntaria al sindicato, lo que implica aceptar el descuento correspondiente para el sostenimiento de la organización; la pertenencia a un sindicato y los beneficios que ello implica suponen un nivel mínimo de compromiso personal y responsabilidad colectiva.
II. Cumplimiento de la legalidad laboral y vigencia de prácticas democráticas en la vida interna de la organización; en otros términos, legalidad en la gestión y legitimidad de las dirigencias en toda la estructura del sindicato.
III. Evidencia práctica, verificable y transparente, de que las cuotas sindicales se traducen en beneficio de los trabajadores en muy diversos ámbitos: defensa de sus derechos ante el empleador; asesoría jurídica permanente y de alta calidad; acceso a servicios de salud, prestaciones y seguridad social; desarrollo de iniciativas de índole sindical, profesional, socio productiva, cultural y editorial; mantenimiento y administración del patrimonio físico del sindicato.
Inversión y crecimiento
México necesita invertir, según los expertos, unos 80 mil millones de dólares más de lo que hoy invierte cada año para crecer al 6% anual.
12. ¿Qué acción concreta propone como mecanismo para generar y atraer ese volumen de inversión pública, privada y extranjera, incluyendo los sectores actualmente reservados de manera exclusiva o mayoritaria a mexicanos?
Eliminar subsidios a los combustibles y transferirlos a inversión pública. Terminar con el monopolio en hidrocarburos y electricidad. Reformar el sector telecomunicaciones para propiciar la competencia y certeza jurídica. Reforma fiscal con IVA generalizado. Implantar un Flat Tax o tasa única que sea competitiva y transparente para empresas y trabajadores. Fomentar una educación de calidad para desarrollar capital humano y promover incubadoras de empresas y empresarios en escuelas públicas.
Una reforma laboral que dé flexibilidad al mercado de trabajo para facilitar la contratación y el acceso de mujeres, jóvenes y adultos mayores. Una reforma urbana que potencie el desarrollo de ciudades competitivas y sustentables. Una política industrial que desarrolle cadenas de valor integrando a pequeñas y medianas empresas mexicanas en clusters regionales. Una regulación ambiental transparente y eficiente.
13. ¿Considera usted que se debe impulsar la inversión privada a través de estímulos fiscales a las empresas?
Sí, en el caso de producción conjunta de bienes privados y públicos por parte de las empresas; por ejemplo, en el reciclaje de envases y empaques como materiales secundarios para la industria, o, la integración de cadenas de valor con empresas locales y sistemas de apoyo tecnológico a las mismas, o bien, esquemas de capacitación de alumnos de escuelas públicas en empresas privadas. En todo caso, el mejor estímulo a la inversión privada es un sistema fiscal competitivo, el respeto a los derechos de propiedad y la certidumbre jurídica, un mercado laboral flexible, competencia económica, trabajadores con educación de calidad y alta productividad, y bienes públicos de calidad.
14. ¿Debería el gobierno tener una participación más activa en la inversión en infraestructura haciendo uso de la recientemente aprobada Ley de Asociaciones Público-Privadas?
Sí, ya me he pronunciado al respecto, proponiendo proyectos concretos susceptibles de desarrollarse en el marco de esta nueva ley.
15. Si está de acuerdo, ¿con qué recursos y a cambio de qué otro gasto?
Con recursos obtenidos de una reforma fiscal incluyendo la eliminación de los subsidios a los combustibles. Lo anterior se complementaría con financiamiento de la banca de desarrollo, de la banca privada, de la bursatilización, de nuevos capitales de riesgo nacionales y extranjeros, y de organismos multilaterales. Además, se apostaría por una política industrial para desarrollar clusters regionales y producción conjunta de bienes públicos y privados para una economía verde.
Empleo
16. Para crear el millón de empleos anuales que México necesita, ¿cuál de las propuestas de reforma laboral que están hoy en el Congreso rescataría?
Ante todo, una reforma laboral que compatibilice los intereses de las empresas y los trabajadores y en la cual el gobierno cumpla con un papel mediador imparcial entre las partes. En este sentido, la reforma debe incluir los contratos flexibles, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, la eliminación de la toma de nota de sindicatos, la eliminación de la simulación en relaciones laborales y sindicatos blancos, la desaparición del Apartado B del artículo 123 constitucional, la homologación de derechos, y la promoción de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en los sindicatos.
Igualmente, una reforma que plantee gradualmente el tránsito hacia un sistema nacional unificado de Seguridad Social (salud y pensiones) y que resuelva problemas de sostenibilidad en pasivos laborales de sectores estratégicos. Ninguna de las iniciativas que actualmente duermen en el Congreso incluyen todos estos aspectos.
17. Si no está de acuerdo con ninguna de ellas, ¿cómo impulsaría la generación de empleo en el país?
Resuelta en la pregunta anterior.
Impuestos, subsidios y exenciones
18. ¿Estaría de acuerdo en fortalecer la hacienda pública mediante la reducción de exenciones tributarias, subsidios a la electricidad y a la gasolina, así como mediante el aumento de impuestos?
Sí, por supuesto. Lo he explicado ampliamente en diversos foros públicos.
19. ¿Considera necesario evitar que los ingresos públicos excedentes que de tiempo en tiempo se obtienen por, entre otros, altos precios del petróleo se utilicen para financiar el gasto corriente?
Sí.
20. ¿Considera usted que deberían ampliarse los fondos de reserva para mantener los niveles de gasto ante una reducción en dichos precios?
Sí. Deben ser fondos de reserva de dimensión estratégica para hacer frente a situaciones no previstas sin desviarnos de las necesarias reformas fiscal y energética que, en México, tienen que ir de la mano.
Impuestos y seguridad social
21. ¿Estaría de acuerdo en recurrir al fondo fiscal central para transformar el sistema de seguridad social actual basado en el empleo formal en uno de protección social para todos los mexicanos, aunque implique aumentar los impuestos?
Sí, a través de un proceso a largo plazo y de la reforma convergente en los sistemas de seguridad social. Todo ello con la finalidad de reducir los costos de contratación y aumentar el empleo y flexibilidad del mercado laboral. Es decir, crear empleos para aumentar la base de cotización formal (contributivo), de tal manera que el sistema sea preferiblemente autofinanciable.
Monopolios públicos
22. ¿Estaría de acuerdo en promover la reforma constitucional necesaria que permita la inversión privada minoritaria en Pemex y CFE, garantice su rentabilidad como empresas y transparente su desempeño mediante la cotización en las Bolsas de Valores de México y Nueva York?
Nuestra propuesta hace hincapié en la apertura y la competencia. Incluso la inversión privada podría ser mayor siempre y cuando el Estado mexicano mantenga el control de la empresa en el Consejo de Administración (la mitad más uno de los votos).
23. Si no, ¿qué acción concreta propone para subsanar las ineficiencias operativas de estas empresas?
Resuelta en la pregunta anterior
Sindicatos públicos
24. ¿Estaría de acuerdo en suprimir la separación del apartado A y B del Artículo 123 constitucional, la cláusula de exclusión sindical, la “toma de nota”, los sindicatos únicos en el sector público y la retención automática de cuotas sindicales de sus trabajadores por Hacienda?
Sindicatos únicos, per se, ya no existen o más bien ya no se aplica la restricción legal que impedía la formación de más de un sindicato. Amparados en tratados internacionales y en resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical, muchos grupos sindicales en México han ganado en tribunales su reconocimiento y garantizado su derecho a organizarse libremente.
De hecho ya existe jurisprudencia de la Corte en esta materia, y en lo últimos años se han registrado numerosos sindicatos. En el sector educativo, por ejemplo, además del SNTE existen sindicatos tanto nacionales como estatales que han ganado su registro. Lo mismo ocurre en muchas otras dependencias como SCT, Sedesol, SS, Correos, INEGI, y un largo etcétera. Así que los “sindicatos únicos en el sector público” dejaron de ser un problema hace mucho. Hace falta modernizar/actualizar la legislación para regular la relación entre sindicatos de una misma dependencia o entidad, y entre ellos y la parte patronal.
Estamos de acuerdo en suprimir el Apartado B —para eliminar la toma de nota, la cláusula de exclusión y devolver el derecho de huelga—, pero no es suficiente. También hay que eliminar tribunales de conciliación y arbitraje para sustituirlos con tribunales del poder judicial; exigir elección democrática de dirigencias a través de voto directo, secreto y universal; suprimir la afiliación forzada a partidos políticos; instituir figuras como plebiscito, referéndum y revocación de mandato; instituir el recuento sindical para resolver sobre la titularidad de las condiciones de trabajo y/o el contrato colectivo; establecer derechos de los agremiados en materia de transparencia y rendición de cuentas, entre otros.
La reforma del sindicalismo es uno de los grandes pendientes del cambio democrático. México necesita sindicatos fuertes, democráticos y representativos; con capacidades de propuesta y resolución, y capacidades también para participar y corresponsabilizarse en los procesos económico, social y político del país.
El viejo arreglo sindical-corporativo no contribuye a la construcción de pactos para el desarrollo, ni a la implementación de cambios en el sector productivo, ni para la modernización de la economía, encaminada a elevar la productividad y la competitividad. Tampoco contribuye a procesar y concretar las reformas que son necesarias en materia energética, laboral, en la administración pública y los sistemas de seguridad social. Mucho menos sirve ni contribuye a un mejor futuro de México la simulación del sindicalismo blanco y/o de protección, que en pleno siglo XXI significa uno de los mayores atrasos del país.
Prácticas monopólicas privadas
Las concesiones públicas sólo son justificables cuando maximizan el beneficio de los servicios y activos públicos concesionados, sin atentar contra la rentabilidad económica.
25. ¿Qué nuevas reglas establecería para el ejercicio de las mismas, en particular en los servicios de telefonía, banda ancha y televisión?
La agenda en telecomunicaciones es inmensa debido al atraso del país en esta materia. Es indispensable acelerar el apagón digital y la competencia en televisión digital terrestre con un programa de subsidios para los decodificadores que requieren los consumidores.
También es urgente crear un consorcio público privado que invierta en la banda ancha de 700 Mghz. En telefonía móvil el costo de interconexión debe promover la competencia. La Comisión Federal de Competencia (COFETEL) debe aprobar la asociación de Televisa con Iusacell, así como la entrada de nuevas empresas —como el Grupo Carso— al mercado de la televisión abierta.
Etiquetas: Partido Nueva Alianza, plataforma política, Quadri
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