Proponen diputados federales del PRI Coahuila limitar fuero constitucional
La principal encomienda de un servidor público es velar por el cumplimiento de las leyes, sin obtener ventaja de un privilegio, subrayan. Toda persona está obligada a responder por sus actos y asumir las consecuencias de ellos, puntualizan.
- 4 de Noviembre de 2010
- Por: Ramiro Gómez
México, DF, 3 de noviembre 2010.- Los diputados federales del PRI Coahuila propusieron hoy mediante una iniciativa, modificar la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de evitar abusos e impunidad derivados de la figura del fuero constitucional que es otorgado a funcionarios públicos.
En la exposición de motivos, establecen que tratándose de un servidor público, su principal encomienda es y debe ser velar por el cumplimiento de las leyes sin obtener ventaja de un privilegio o prerrogativa exclusiva, como es el caso del fuero.
El grupo de legisladores priistas, encabezado por Rubén Moreira Valdez, reconoce que en la actualidad, los medios de control constitucional con que cuenta el Congreso de la Unión, no atienden precisamente la defensa y el respeto de las disposiciones previstas en la Carta Magna de forma clara y objetiva.
Más aún, advierten que “su ejercicio pudiera dar preponderancia a los derechos de los servidores públicos por encima de los del resto de los mexicanos, faltando así al principio de legalidad”.
Si bien señalan que el sometimiento a la jurisdicción especial pretende evitar enjuiciamientos sin fundamento contra los servidores públicos que pudiera afectar sus funciones, también apuntan que dichos procedimientos pueden derivar en abusos de los derechos que se obtienen por la función o desempeño de un cargo público.
“Según el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fuero es un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento; sin embargo, no se trata de lo que en teoría del delito se conoce como excluyente de responsabilidad”, acotaron.
Así, la iniciativa signada también por Francisco Saracho, Hugo Martínez, Melchor Sánchez, Miguel Angel Riquelme, Héctor Fernández, Héctor Franco López, Noé Garza y Tereso Medina, propone una excepción a la declaración de procedencia para diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, como requisito de procedibilidad de las acciones penales, tratándose de delitos graves calificados así por la legislación penal o cuando aquellos sean detenidos en flagrancia por la comisión de delitos de carácter patrimonial o contra la vida e integridad de las personas.
“Es indispensable que los servidores públicos gocemos de las más amplias garantías para desempeñar nuestra labor libremente, siempre y cuando nuestras acciones se ajusten estrictamente a derecho, pues toda persona y, principalmente las que desempeñan el mandato conferido por la sociedad, están obligados a responder por sus actos y asumir las consecuencias de ellos”, enfatizaron.
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