Nuevas normas de emisiones para centrales eléctricas y refinerías
Por Karin Rives Redactora
Washington – El gobierno de Estados Unidos continúa utilizando los poderes federales de regulación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en fechas recientes se ha enfocado en las centrales eléctricas y refinerías de petróleo. Las dos industrias producen cerca del 40 por ciento de las emisiones en Estados Unidos.
Durante los próximos dos años, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) tiene previsto utilizar diversos mecanismos conforme a la ley federal de Aire Limpio para reducir las emisiones de las fábricas, entre estos nuevos requisitos de permisos para empresas altamente contaminantes, seguidos de normas específicas de emisiones de gases de efecto invernadero para las centrales eléctricas y refinerías de petróleo.
Algunos legisladores del Congreso tienen previsto impugnar las nuevas normas que, según afirman, perjudicarán a las compañías y eliminarán empleos en una difícil economía. Varios estados ya han interpuesto demandas contra la EPA.
Sin embargo, es difícil saber si los estados lograrán bloquear las nuevas normas.
Algunos destacados juristas señalan que el gobierno federal probablemente prevalezca, aun cuando entre en funciones el nuevo Congreso en enero de 2011, mediante, por ejemplo, el poder de veto presidencial. Otros indican que los tribunales normalmente permiten que las agencias federales interpreten y apliquen sus propias políticas, y que las impugnaciones a las normas de la EPA por consiguiente no llegarán a nada.
LAS NUEVAS NORMAS SE INTRODUCIRÁN PAULATINAMENTE
La EPA anunció el 23 de diciembre que propondrá límites de contaminación de gases de efecto invernadero para las centrales eléctricas en julio de 2011 y para las refinerías de petróleo en diciembre de 2011. El reglamento final se emitirá al año siguiente.
Las normas establecerán los niveles de contaminantes que estas industrias puedan emitir conforme a la Ley de Aire Limpio, que es la ley federal que otorga a la EPA la autoridad para proteger la calidad del aire en Estados Unidos.
A principios de este año la EPA anunció que, a partir de enero de 2011, todas las fábricas nuevas o en expansión que necesitasen permisos de la Ley de Aire Limpio para operar tendrían que dar cuenta de las emisiones de gases de efecto invernadero en el permiso si sus operaciones producían más de 75.000 toneladas de emisiones. Las industrias que están reguladas bajo la Ley de Aire Limpio deben instalar tecnologías de vanguardia para frenar las emisiones si comienzan operaciones nuevas o si modifican sus plantas existentes.
A partir de julio de 2011, cualquier instalación que emita más de 100.000 toneladas de gases de efecto invernadero necesitará un permiso para operar. La EPA ha indicado que las normas de permisos afectarán en un principio a unas 1.450 fábricas del país.
El riguroso proceso de permisos ha permitido históricamente a los gobiernos federal y estatales reducir otros tipos de contaminación del aire. En la actualidad el plan es utilizar este procedimiento junto con las nuevas normas relativas a la contaminación para controlar los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.
FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO
En una histórica decisión que se produjo en 2007, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló que la EPA tenía derecho a determinar las normas relativas a las emisiones de gases de efecto invernadero conforme a la Ley de Aire Limpio si la agencia consideraba que semejante contaminación constituía una amenaza para la salud humana. El fallo ha permitido a la administración Obama avanzar con nuevas normas de emisiones para automóviles, que entrarán en vigor en enero de 2011 y, al año siguiente, para las fábricas.
Hasta el momento el Congreso no ha logrado aprobar una ley integral sobre el clima. No obstante, al utilizar los reglamentos federales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las autoridades federales consideran que Estados Unidos puede avanzar bastante hacia su objetivo de reducir las emisiones en un 17 por ciento por debajo de los niveles de 2005, para el año 2020.
“Estamos dando seguimiento a nuestro compromiso de avanzar de forma mesurada y cuidadosa para reducir la contaminación de gases de efecto invernadero que amenaza el bienestar de los estadounidenses y contribuye al cambio climático”, declaró la administradora de la EPA Lisa Jackson. “Estas normas ayudarán a las compañías estadounidenses a atraer a la empresa privada las mejoras en energía limpia que hagan que nuestras compañías sean más competitivas y generen buenos empleos aquí en el país”.
¿DETRIMENTO PARA LA INDUSTRIA?
Funcionarios del gobierno de Texas, un estado que se ha negado a actualizar su tramitación de permisos conforme a la Ley de Aire Limpio para incluir gases de efecto invernadero, indicaron que las nuevas normas perjudicarán la extensa industria energética del estado. El estado llevó el asunto a los tribunales a principios de 2010 y se sumaron otros estados que tienen preocupaciones similares.
Su argumento principal es que la EPA basa sus normas de emisiones en los datos “defectuosos” recabados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático encabezado por las Naciones Unidas, en vez de utilizar los datos científicos generados por el gobierno de Estados Unidos.
Posiblemente este argumento no resista el análisis de los juzgados, porque los tribunales federales normalmente no interpretan las normas que rigen las políticas establecidas por los organismos federales, según explicó Erwin Chemerinsky, profesor de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine.
“Creo se trata de una situación en la que los tribunales, entre los que se incluye el Tribunal Supremo, probablemente otorguen deferencia a la interpretación de la EPA y no decidan [ellos mismos] si los gases de efecto invernadero causan o no el calentamiento mundial o si el calentamiento mundial es una amenaza para la salud y el bienestar humanos”, dijo Chereminsky a America.gov.
Y tampoco es probable que el Congreso pueda bloquear las normas de emisiones de la EPA, según indicó Douglas Kysar, profesor de Derecho de la Universidad de Yale y especialista en política ambiental. “El Congreso podría trata de enmendar la Ley de Aire Limpio para así anular [el fallo del Tribunal Supremo de 2007], pero posiblemente Obama vetaría semejante acción”, explicó Kysar.
Además, cualquier acción que quisiera frenar las actividades de la EPA dirigidas a reducir las emisiones tendría consecuencias internacionales para Estados Unidos en el diálogo climático mundial, y posiblemente daría lugar a que más estados adoptaran sus propias normas, cambios de poder que el Congreso puede que no desee arriesgar, según señaló Jim Rossi, profesor de Derecho en la Universidad Estatal de la Florida.
“Mi impresión es que el aviso de la EPA en lo relativo a las normas de emisiones de gases de efecto invernadero para las nuevas centrales eléctricas constituye un elemento moderado y razonable dentro de un conjunto más grande de estrategias”, expresó Rossi. Representa “un intento más abarcador para comenzar a regular las emisiones de carbono a nivel nacional”.
(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://www.america.gov/esp ) ************************************************************ La Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estados Unidos distribuye USINFO-NOTICIAS.
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