NUEVA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL MEJORA ENTREGA DE RECURSOS EN CASO DE EMERGENCIA O DESASTRE: FRANCISCO SARACHO
Dijo que cada entidad integrará y administrará un fondo en el ramo.
La nueva Ley General de Protección Civil, aprobada en días pasados, permitirá que cada entidad federativa cuente, integre y administre un fondo, lo que permitirá que haya recursos disponibles e inmediatos sin necesidad de recurrir a otras instancias, en caso de afrontar las consecuencias derivadas por los distintos fenómenos naturales, informó Francisco Saracho Navarro.
El también líder de la bancada priista coahuilense en la Cámara de Diputados, abundó que dicha norma establece las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno en la materia, mientras que, los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos planteados
por la propia ley, de acuerdo con los términos y condiciones estipulados.
Explicó que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, proveerá los recursos financieros para la oportuna atención de las situaciones de emergencias y de desastres, y de ser necesario se realizarán
las adecuaciones presupuestarias correspondientes, a fin de atender a la población y apoyar en la reconstrucción de la infraestructura estratégica.
Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre, precisó, la autoridad tendrá un plazo de hasta cinco días naturales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Además, remarcó que el lapso para que los gobiernos de las entidades federativas tengan acceso a los recursos será de hasta 10 días naturales, a partir de su publicación.
Saracho Navarro mencionó que el gobierno federal, con la participación de los estados y el gobierno del Distrito Federal, concentrará la información climatológica, geológica y meteorológica de que se disponga a nivel nacional.
Resaltó que también se promoverá la creación y registro de los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país con peligro para la población, el patrimonio público y privado, a fin de
posibilitar a las autoridades competentes a mejorar la regulación
relacionada con la edificación de asentamientos.
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