Ley de salud propuesta por Obama sobrevive escrutinio del Tribunal Supremo
Por Bridget Hunter Staff Writer Washington – En una decisión que despertó gran expectativa antes de su publicación, como ninguna otra en la sesión 2011-2012, el Tribunal Supremo falló que procede mantener en vigor la mayor parte de la ley de salud propuesta en 2010 por la administración Obama.
El tribunal, en una decisión de 5 votos a favor y 4 en contra, concluyó que la mayoría de las provisiones, incluso la conocida como “mandato individual”, de la Ley de protección del paciente y cuidados asequibles, son constitucionales. Solamente una porción de la ley, el derecho del gobierno federal a no desembolsar fondos a los estados que rehúsen participar en una expansión del programa de asistencia médica Medicaid fue rechazada por el Tribunal.
La legislación pretende aumentar la cifra de estadounidenses con cobertura de seguro de salud y disminuir el costo de los cuidados sanitarios. Su elemento más controvertido ha sido el mandato de que la mayoría de los estadounidenses puedan comprar seguros de salud o tuvieran que abonar una penalidad (recaudada por el Servicio de Rentas Internas) al gobierno federal.
La provisión, que es parte de un compromiso que ha sido forjado a duras penas en el Congreso, funciona como impulso financiero para otros elementos de la ley. Sin este requisito, que aumenta la cantidad de quienes pagarían primas, el costo de los seguros de salud probablemente aumente bastante, según muchos analistas.
La administración Obama argumentó que el mandato individual es adecuado conforme a la autoridad federal tanto de la cláusula de comercio como de la cláusula tributaria del artículo 1 de la Constitución.
En una opinión redactada por el juez jefe del Tribunal John Roberts, la corte concluyó que “el poder del Congreso bajo la cláusula de comercio no es de aplicación válida al mandato individual” puesto que la ley no regula un comercio existente sino que obliga a los individuos a incurrir en actividad comercial.
Sin embargo, el Tribunal concluyó que el mandato individual “debe ser entendido como la imposición de una carga tributaria a aquellos que no tengan seguro de salud”. Este ejercicio del poder federal es constitucional según la cláusula tributaria que específicamente asigna el poder de “establecer y recaudar impuestos” al Congreso.
“Hoy el Tribunal sostiene que nuestra constitución nos protege de los reglamentos federales de la cláusula de comercio siempre y cuando nos abstengamos de la actividad regulada”, escribió Robert; “pero desde su creación, la Constitución no hace este tipo de promesa respecto a los impuestos”.
La opinión cita una carta de 1789 en la que Benjamin Franklin escribió, “Nuestra nueva constitución está ahora establecida … pero en este mundo se puede decir que no hay nada cierto salvo la muerte y los impuestos”.
Los jueces Ruth Bader Ginsberg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan se unieron a la opinión que resultó ser mayoría, aunque Ginsberg y Sotomayor presentaron algunas disensiones en parte al expresar sus puntos de vista de que la provisión sobre la expansión de Medicaid también debería mantenerse. Los jueces Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron.
“Yo sé que hoy habrá mucha discusión sobre la política relacionada con todo esto; sobre quién ganó y quién perdió”, dijo el presidente Obama en declaraciones televisadas desde la Casa Blanca tras la difusión de la decisión. “Sin embargo, esa discusión está completamente errada. Independientemente de la política, la decisión del día de hoy fue una victoria para la gente en todo el país cuyas vidas serán más seguras debido a esta ley y a la decisión tomada por la Corte Suprema de confirmarla”.
SISTEMA ESTADOUNIDENSE DE CONTROLES Y EQUILIBRIOS
Asegurar que todos los estadounidenses tengan acceso a cuidados sanitarios no es un nuevo concepto. El presidente Franklin Roosevelt lo intentó a mediados del siglo XX y la administración de Clinton lo fomentó agresivamente en la década de 1990, pero no ha sido hasta 2010 que entró en vigor una ley federal para hacer avanzar ese objetivo.
En el sistema democrático de Estados Unidos, la entrada en vigor de una ley exige que la rama legislativa y la ejecutiva ambas la aprueben. Ambas cámara (el Senado y la Cámara de Representantes) del Congreso aprobaron la propuesta de ley de salud que entonces fue sancionada con la firma del presidente.
Con la decisión de 28 de junio, la tercera rama del gobierno federal de Estados Unidos, la rama judicial, ha participado en el proceso. Su papel, ejercido por el Tribunal Supremo, es asegurar que ni el Congreso ni el presidente excedan la autoridad que la Constitución les confiere.
Los nueve magistrados del Tribunal componen el banco de apelaciones finales que llegan desde tribunales inferiores federales y estatales. El Tribunal es también donde se resuelven las disputas legales entre estados, entre los estados y el gobierno federal y entre Estados Unidos y otros países.
El Tribunal recibe más de 7.000 solicitudes de revisión de casos cada año, pero en general otorga audiencia a 100 o menos. La mayoría de estos casos han pasado por un procedimiento de apelación, respecto a alguna decisión que se ha tomado en un tribunal inferior. En el caso de la cobertura de salud, conocido formalmente como National Federation of Independent Business et al. v. Sebelius, Secretary of Health and Human Services [Federación Nacional de Negocios Independientes y demás contra Sebelius, Secretaria de Salud y Servicios Sociales], antes de llegar al Tribunal Supremo, había pasado por la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Estados Unidos.
Muchos expertos expresaron sorpresa de que Roberts, un juez nombrado por el presidente George W. Bush, escribiera una decisión que sustentara legislación destacada del sucesor de Bush y del partido demócrata, el presidente Obama.
Quizá deberían de haber prestado más atención a la comparecencia de confirmación en el puesto del juez jefe, cuando prometió que de ser confirmado, consideraría cada caso cuidadosamente a la luz de los argumentos que se presentaran ante él y no con una agenda personal o política en mente.
“No tengo un propósito, pero tengo un compromiso”, dijo. “De ser confirmado, me enfrentaré a cada caso con la mente abierta”, dijo Roberts a la Comisión de Justicia del Senado el 13 de septiembre de 2005.
Los padres de la Constitución estarían complacidos.
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