Legisladores reconocen la labor de Rubén Moreira para impulsar reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos
La Comisión Permanente informó que la mayoría de las entidades federativas han ratificado ya tales modificaciones
México, D.F. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio a conocer que la mayoría de las entidades del país han ratificado ya las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, en las que el entonces diputado Rubén Moreira Valdez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, tuvo una participación decisiva.
Rubén Moreira
Diputados y senadores coincidieron en que dicho conjunto de modificaciones a nuestra Carta Magna constituye un cambio histórico en la evolución de los derechos fundamentales, al inscribir a México en la ruta de las naciones que reconocen explícitamente en sus normas internas, la aplicación de las disposiciones del derecho internacional en materia de derechos fundamentales.
La reforma —abundaron— se ubica en los más altos intereses de la nación y permite, por tanto, el fortalecimiento de un amplio y vigoroso sistema de protección a los derechos humanos en nuestro país, pues sus bondades están a la vista.
Al tiempo de recordar que dichas modificaciones fueron también resultado de la participación de organismos internacionales y nacionales no gubernamentales, destacaron logros como: el establecimiento de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, al tiempo que se determina que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos.
Resaltaron la definición de que los derechos humanos son los reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país, y además se añade el principio internacional de que la interpretación de que la Norma Fundamental y sus leyes, siempre debe de ser en las mejores condiciones y en favor de los ciudadanos, de los humanos.
Junto a estas modificaciones, refirieron también la determinación de que la educación deberá fomentar el respeto a los derechos humanos; el reconocimiento al derecho de asilo y refugio; la prohibición para suscribir tratados que menoscaben los derechos humanos; así como obligar al sistema penitenciario a organizarse sobre la base del respeto de los mismos.
Asimismo, indicaron que se introducen importantes disposiciones al definir a los derechos que no pueden suspenderse ni restringirse aún en una situación de excepción, como son la no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, a los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
Señalaron que las históricas reformas en materia de derechos humanos limitan también la facultad del Ejecutivo para hacer salir del país a extranjeros previa audiencia y a través de un procedimiento que establece la ley; como principio de política exterior, se agrega el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos.
Enfatizaron que se elimina la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar casos graves de violación a los derechos humanos, para otorgársela a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el ejercicio de esta facultad, autoridad alguna puede negar la información a la comisión.
Más aún, señalaron que se fortalece la protección no jurisdiccional de los derechos humanos al establecer que las autoridades tienen obligación de dar respuesta a las recomendaciones de la CNDH, quien no las acepte deberá manifestarlo públicamente.
Con ello, explicaron, el Senado puede hacer comparecer a quienes no hayan aceptado alguna recomendación o no la cumplan, para que explique públicamente sus razones.
Además de que se amplía la competencia de la comisión para conocer también de violaciones a los derechos laborales, como parte de los derechos humanos, y se determina que las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán garantizar en la ley autónoma de los órganos protectores de los derechos fundamentales.
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