La seguridad un derecho ciudadano fundamental: Gabriel Quadri

17 de Mayo de 2012

Reconocer que la seguridad es la primera obligación que tiene el Estado para con los ciudadanos, construir una nueva relación de los mexicanos con la legalidad, condenar y confrontar sin ambivalencias ni dudas a la delincuencia, establecer una estrategia clara y políticas públicas eficaces en seguridad y diseñar nuevos aparatos de seguridad eficaces y legítimos, ofrece el candidato presidencial de Nueva Alianza Gabriel Quadri.

Asimismo, establecer una estrategia especializada contra la delincuencia común y el pandillerismo local, implementar una estrategia específica contra grandes organizaciones delictivas y de tráfico de drogas a gran escala en todo el territorio nacional terrestre y marítimo, y en el espacio aéreo.

Liberar todos los territorios asolados por la delincuencia organizada; recuperar el dominio total del Estado; restablecer la legalidad, el estado de derecho y la seguridad ciudadana. Combatir y debilitar al crimen organizado hasta convertirlo en un problema marginal para el Estado. Aceptar que no se esperan resultados rápidos, sino un proceso gradual de recuperación de la seguridad. Reconocer que no hay una correlación territorial o social entre pobreza y la delincuencia organizada asociada al narcotráfico, que se trata de un delito de codicia que depende de las ventajas geográficas que proporcionan rutas y territorios con posibilidades para la producción y el tráfico de drogas, de la ausencia de estado de derecho, de una cultura ambivalente con la ley, y de la incapacidad del Estado para ofrecer seguridad a través de aparatos y procedimientos eficaces. Asentir que no hay una relación directa entre pobreza e inseguridad; por ejemplo, Nicaragua es el segundo país más pobre del continente y el tercero más seguro; es decir, los pobres no son delincuentes. Aceptar que la delincuencia organizada es un fenómeno que amenaza la soberanía del Estado, y que tiene alcances transnacionales. Reconocer que ahora sólo el ejército y la marina pueden y deben combatir el crimen organizado con eficacia; retirar a la milicia significaría el absurdo de entregar regiones enteras de México a los criminales.

Policía federal eficaz y de clase mundial

Reconocer que mientras no exista una policía federal poderosa y de clase mundial, policías locales eficaces y honestas, es un contrasentido hablar del retiro de las fuerzas armadas. Construir una Policía Federal de clase mundial, equivalente a los Carabineros de Chile o a la Policía Nacional de Colombia. Implantar una Policía Federal; multiplicar por 10 sus efectivos, con la mejor inteligencia, tecnología, preparación y salarios.

Mando único en los estados y desaparición de policías municipales

Desaparecer a policías municipales raquíticas y corruptas, correa de transmisión entre el crimen organizado, la sociedad y las instituciones. Integrar a las policías municipales en policías estatales bajo mando único. Establecer el mando único a nivel de entidad federativa; establecer responsabilidades claras para mandos, rendición de cuentas, indicadores de desempeño, transparencia y coordinación con policía federal.

Información para la prevención y persecución del delito

Optimizar el rendimiento de la Plataforma México, como sistema de interconexión para la generación de inteligencia operativa para prevenir y perseguir el delito. Emitir el Documento Nacional de Identidad (DNI), como instrumento indispensable para combatir efectivamente el delito, a partir de una base de datos segura y definitiva, que elimine o al menos haga muy difícil que los delincuentes se escuden bajo identidades falsas; complementar la propuesta con un Sistema de Identificación de Huellas Digitales o un Sistema de Reconocimiento de Voz, con resultados que permitan combatir efectivamente el delito; reconocer que la emisión del DNI permitiría adicionalmente un mejor control en materia de lavado de dinero y cruce de fronteras, dos actividades esenciales para el narcotráfico. Mejorar la identificación vehicular, a través del Registro Público Vehicular, hasta lograr que la investigación policial tenga acceso fácil e inmediato a todos los datos de un vehículo; transitar hacia la aplicación de dispositivos electrónicos de identificación (chips) que permitan de manera digital la identificación de los vehículos en labores de inteligencia, prevención y persecución del delito. Mejorar el control en el Registro de las Armas Legales, mediante una base de datos digital accesible en línea.

Reforma penitenciaria

Gestionar eficazmente el incremento en la población penitenciaria a más de 250 mil reclusos en las actuales 488 cárceles, superando condiciones de hacinamiento, violencia, corrupción, fugas, control del crimen organizado, reproducción de conductas delictivas; reconocer que 50% de la población penal son pobres, presos por robo simple de menos de 2,500 pesos. Promover una solución a prisión preventiva (40%) de presos sin condena que exacerba los problemas de sobrepoblación penal, hacinamiento, costo, y difusión de conductas delictivas. Reconocer la urgencia de reformas al sistema penitenciario con programas de trabajo social, reclusión domiciliaria, localizadores electrónicos, resarcimiento del daño, trabajo dentro y fuera del penal, educación, prevención de adicciones, verdadera readaptación social y privatización de prisiones.

Privatización de prisiones

Reconocer que el gobierno ha demostrado su incapacidad de manejar adecuadamente el sistema penitenciario. Privatizar prisiones para delincuentes de baja peligrosidad, para que no se fuguen, que no haya riñas y muertes, que no extorsionen, que reciban trato digno y estén cerca de su familia y, los que puedan, se rehabiliten. Tomar las experiencias de gestión privada de prisiones de más de 20 años en Estados Unidos, Europa, Australia, y Sudáfrica con resultados satisfactorios, separando a los delincuentes de alta peligrosidad en prisiones especializadas y ofreciendo al resto oportunidades de educación y rehabilitación. Reconocer que el sector privado ofrece mayor flexibilidad, eficiencia y plazos mucho más cortos para la construcción prisiones y centros de detención con diseño y tecnología de vanguardia, así como para su financiamiento. Garantizar que la participación privada se abre a través de licitaciones competitivas y transparentes de contratos a largo plazo para la construcción y operación de prisiones. Avalar que los operadores privados de prisiones operen bajo el formato de ventanilla única con su cliente, que es el gobierno, en todos los asuntos concernientes a un centro penitenciario. Permitir que el gobierno puede escoja qué programas o actividades no desea concesionar. Plantear a los centros de detención privados como centros de manufacturas ligeras con mano de obra de muy bajo costo, y un factor de desarrollo en las comunidades donde se insertan, por medio de empleos directos y servicios. Asegurar que el pago a los operadores privados depende del costo diario por interno y de indicadores transparentes de desempeño en materia de calidad de servicios, y ausencia de riñas y fugas.

Relación bilateral con Estados Unidos y Guatemala en seguridad

Exigir a Estados Unidos el control del tráfico de armas y dinero hacia México. Pedir más cooperación en inteligencia, capacitación y apoyo tecnológico. Convenir un acuerdo bilateral con Guatemala para garantizar la seguridad en la frontera común y acciones coordinadas contra el crimen organizado transnacional.

Educación y cultura para la seguridad ciudadana

Promover que el magisterio y la educación básica y media deban ser pieza crucial en la prevención de la delincuencia común y el pandillerismo local. Alentar que la educación básica como mecanismo central de una nueva cultura de legalidad y valores cívicos.

Procuración de justicia

Consolidar el Sistema Acusatorio y Oral, y hacerlo avanzar en todos los estados del país (ahora sólo en Chihuahua, Nuevo León y Durango) como esquema eficiente y transparente de impartición de justicia, con procesos abreviados, sin averiguaciones previas. Cumplir con el plazo establecido para implementar el sistema oral de justicia penal que vence en junio de 2016. Dotar de mayor presupuesto al Poder Judicial de la Federación para la construcción de las salas de audiencia de los Juzgados de Control, de Juicio Oral y de Ejecución de Penas. Concluir las reformas legales necesarias en Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de Ejecución de Penas de manera tal que la reforma constitucional pueda perfeccionarse y ejecutarse en la práctica judicial. Capacitar a los Ministerios Públicos, de la Policía Investigadora y de los Peritos para pasar un sistema penal mixto y escrito a uno acusatorio y oral. Capacitar a los Jueces, para asegurar que los jueces y magistrados resuelvan los procesos penales conforme a los principios procesales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Establecer un Ministerio Público como institución autónoma, y que cuente con un consejo independiente integrado por ciudadanos con calidad técnica y moral, y con un sistema profesional de Ministerios Públicos y policía de investigación.

Inversión en capital natural

Reorientar PROCAMPO y PROGAN para convertirlos en inversión en bienes públicos ecológicos (conservar y restaurar el capital natural de México). Cancelar los subsidios y crear un sistema contractual a largo plazo de inversión pública, entre el Estado y los propietarios de tierras (ejidos, comunidades, individuos), para la conservación y manejo sostenible de ecosistemas. Desligar los pagos de la explotación de la tierra, siembra, pastoreo y apertura de tierras, y vincularlos a la conservación y restauración. Dotar de mayores pagos en Áreas Naturales Protegidas, corredores biológicos, y áreas certificadas de manejo forestal sostenible.

Agricultura y ganaderías modernas, productivas y sustentables

Conseguir que el campo mexicano deje de ser fuente eterna de lamentos, y erigirse en un poderoso motor de desarrollo y de conservación de la biodiversidad. Resaltar que el campo mexicano ha mostrado ya su potencialidad al ocupar hoy en día el octavo lugar en el mundo por valor y volumen de la producción, al crecer más que la economía nacional y la población, y al mostrar una alta competitividad en frutas, hortalizas y ganadería (aves y cerdos), especialmente, en el contexto del TLCAN. Aumentar la productividad por hectárea en donde esto sea viable y evitar la expansión de la frontera agropecuaria, que ya ha rebasado su máximo sustentable y que ha destruido masivamente la biodiversidad, bosques y selvas de México. Aceptar que la agricultura mexicana debe crecer por productividad, con nuevas tecnologías, nuevas semillas y sistemas de riego e investigación y desarrollo en todos los eslabones de la actividad agropecuaria. Fortalecer y desarrollar la autonomía del INIFAP, como entidad y sector estratégico en políticas de ciencia y tecnología. Aprovechar todo el potencial y las ventajas competitivas de la agricultura mexicana en el contexto del TLCAN y de todos los acuerdos comerciales firmados por México. Promover la compactación de minifundios para la aplicación de tecnologías modernas de alta productividad, donde esto sea factible y rentable. Aprovechar el éxito del PROCEDE que ofrece más certidumbre en los derechos de propiedad, límites y formas de tenencia. Hacer crecer la agricultura productiva y moderna con una estrategia de uso sustentable del agua, como recurso cada vez más escaso en los escenarios de estrés hídrico, sobrexplotación de acuíferos y cambio climático que caracterizan a buena parte del territorio nacional. Desarrollar y aprovechar tecnologías tradicionales y modernas de uso sostenible y diversificado de recursos, y su adaptación a mercados nacionales e internacionales cada vez más exigentes en criterios de sustentabilidad ambiental. Promover y dar certidumbre jurídica y apoyo técnico a la ganadería diversificada con especies silvestres, en estrategias conjuntas de aprovechamiento y conservación, y desarrollo de nuevos mercados. Evitar la producción de biocombustibles de origen agrícola, y por tanto la competencia por la tierra y el agua, la escasez de alimentos, la expansión directa o indirecta de la frontera agropecuaria, y la destrucción de la biodiversidad.

Baja productividad y pobreza

Reconocer que el proceso de reforma agraria del siglo XX dispersó a la población rural en cientos de miles de pequeños asentamientos, de difícil acceso, frecuentemente, en áreas ecológicamente frágiles, y de baja productividad económica potencial, donde es impráctica o muy costosa la introducción de servicios públicos de calidad. Resaltar que todavía cerca del 25% de la población vive en el campo y depende de actividades agropecuarias, gran parte de ellas, de subsistencia, que impactan directamente sobre la biodiversidad, bosques y selvas. Reconocer que es ahí donde se arraiga y transmite la pobreza en ciclos inter-generacionales que es preciso romper. Evitar que los subsidios al campo perpetúen estos ciclos inter-generacionales de producción de pobreza y deterioro ecológico. Asumir políticas de largo plazo de adaptación al cambio climático, que hará todavía más vulnerable e insostenible a la agricultura de baja productividad y de subsistencia. Reconocer que el desarrollo, el abatimiento de la pobreza, y la igualdad de oportunidades implicarán la reducción de la población rural en términos absolutos y porcentuales. Promover condiciones e incentivos para que los campesinos ejerzan la libertad de elegir en materia de migración. Alentar la inserción virtuosa en las ciudades de migrantes campesinos pobres sin posibilidades reales de aumentar su productividad rural de manera significativa, debe ser alentada y apoyada con subsidios directos, educación de calidad, y oportunidades de empleo.

Cambios institucionales en el ejido

Reformar al ejido para hacerlo más democrático y flexible, y para dar a los ejidatarios la posibilidad de decidir, de manera directa y sin intermediación de figuras corporativas ejidales (como el comisariado ejidal). Exigir que los comisariados ejidales y las asambleas y presidencias de bienes comunales deberán concentrarse en el manejo de recursos comunes, áreas de propiedad y uso común, conservación ecológica y del capital natural del ejido y la comunidad, generación de bienes públicos, y soporte institucional en iniciativas de acción colectiva de los campesinos. Promover la compactación de tierras parceladas al interior de ejidos y comunidades, con la finalidad de acelerar la convergencia con la pequeña propiedad y superar el carácter bimodal (una próspera y productiva, otra pobre e improductiva) de la agricultura mexicana. Lograr la convergencia de la propiedad de parcelas ejidales con la pequeña propiedad, en materia de crédito, fomento y productividad. Conceptualizar y desarrollar al ejido y a la comunidad como mecanismo de acción colectiva para la productividad en zonas parceladas, y para la conservación y uso sustentable de recursos naturales en áreas de uso común. Reintegrar al ejido a la vida y gobernanza del municipio, extendiendo política y legalmente las facultades municipales hacia los fundos legales de ejidos y comunidades de acuerdo al Artículo 115 Constitucional. Extinguir a la Secretaría de Reforma Agraria y transferir sus funciones sustantivas remanentes a SAGARPA y a tribunales del Poder Judicial de la Federación.

ARRIBA

4. Derecho a la seguridad ciudadana y legalidad
Principios

Asegurar que la seguridad sea reconocida como un derecho ciudadano fundamental. Reconocer que la seguridad es la primera obligación que tiene el Estado para con los ciudadanos. Construir una nueva relación de los mexicanos con la legalidad. Condenar y confrontar sin ambivalencias ni dudas a la delincuencia. Establecer una estrategia clara y políticas públicas eficaces en seguridad. Diseñar nuevos aparatos de seguridad eficaces y legítimos.

Visión y estrategias

Establecer una estrategia especializada contra la delincuencia común y el pandillerismo local. Implementar una estrategia específica contra grandes organizaciones delictivas y de tráfico de drogas a gran escala en todo el territorio nacional terrestre y marítimo, y en el espacio aéreo. Liberar todos los territorios asolados por la delincuencia organizada; recuperar el dominio total del Estado; restablecer la legalidad, el estado de derecho y la seguridad ciudadana. Combatir y debilitar al crimen organizado hasta convertirlo en un problema marginal para el Estado. Aceptar que no se esperan resultados rápidos, sino un proceso gradual de recuperación de la seguridad. Reconocer que no hay una correlación territorial o social entre pobreza y la delincuencia organizada asociada al narcotráfico, que se trata de un delito de codicia que depende de las ventajas geográficas que proporcionan rutas y territorios con posibilidades para la producción y el tráfico de drogas, de la ausencia de estado de derecho, de una cultura ambivalente con la ley, y de la incapacidad del Estado para ofrecer seguridad a través de aparatos y procedimientos eficaces. Asentir que no hay una relación directa entre pobreza e inseguridad; por ejemplo, Nicaragua es el segundo país más pobre del continente y el tercero más seguro; es decir, los pobres no son delincuentes. Aceptar que la delincuencia organizada es un fenómeno que amenaza la soberanía del Estado, y que tiene alcances transnacionales. Reconocer que ahora sólo el ejército y la marina pueden y deben combatir el crimen organizado con eficacia; retirar a la milicia significaría el absurdo de entregar regiones enteras de México a los criminales.