GABRIEL QUADRI: PLATAFORMA PRESIDENCIAL DE SUSTENTABILIDAD
UNA CAMPAÑA DE PROPUESTAS, ARGUMENTOS E IDEAS PARA UN MÉXICO DE PROSPERIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA, EDUCACIÓN DE CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD
El candidato presidencial de Nueva Alianza, Gabriel Quadri se comprometió con México para desarrollar una política ambiental eficaz, para una economía verde y sustentable.
Asimismo ofreció cumplir los siguientes compromisos:
Crear la Oficina de la Presidencia de la República a cargo de la coordinación de la política de cambio climático en materia de mitigación y de adaptación.
Integrar las facultades en energías renovables a medio ambiente y recursos naturales dentro de la estructura actual de SEMARNAT. Unir el Instituto Nacional de la Pesca a la actual SEMARNAT, así como de facultades de regulación ecológica de la pesca. Mantener el fomento a la pesca en SAGARPA, para evitar captura regulatoria. Crear la Secretaría de Energía Renovable, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SERMAREN). Impulsar un cambio de estructura en la nueva secretaría sin ampliar burocracia (energía renovable, mares). Dotar de autonomía y transferencia de mayores presupuestos a la CONANP. Permitir que en materia de aguas residuales industriales y municipales se transfiere a la PROFEPA, con las capacidades humanas y presupuestales necesarias. Crear una entidad reguladora federal en materia del servicio público de agua potable con las facultades necesarias, y capacidades humanas, técnicas y presupuestarias, transferidas desde la CNA.Regulación y cumplimiento de la ley
Fortalecer el cumplimiento de la ley en normatividad federal y evaluación de impacto ambiental. Crear un esquema de cumplimiento de normas ambientales federales por parte de municipios. Permitir el fortalecimiento, y mayor transparencia, y eficiencia, del sistema de evaluación de impacto ambiental en proyectos de infraestructura. Establecer normas de emisiones de CO2 para los vehículos automotoresConservación de la biodiversidad en tierra
Fortalecer y ampliar el sistema nacional de áreas naturales protegidas; dotar de autonomía y más presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y transformar la CONANP en entidad descentralizada. Asegurar que 25% del territorio nacional terrestre este protegido para 2020. Garantizar que 10% del territorio marino este protegido para 2020. Construir una red de corredores biológicos entre áreas naturales protegidas prioritarias mediante pago por servicios ambientales, áreas naturales protegidas específicas, y fomento a actividades agroforestales. Permitir sinergias entre políticas de desarrollo agropecuario, y de conservación de la biodiversidad en tierra. Reorientar los subsidios de PROCAMPO y PROGAN para ser inversiones en el capital natural de México mediante la modalidad de pago por servicios ambientales a los propietarios de tierras, en especial a los más pobres, en áreas prioritarias para la conservación. Mandatar la deforestación cero a la Comisión Nacional Forestal hacia el 2020 mediante el escalamiento en los esquemas de pago por servicios ambientales, vigilancia, aplicación de la ley, y pagos a los propietarios de bosques manejados de manera sostenible. Promover sistemas de certificación ecológica a productos forestales sustentables y como mecanismo de captura de carbono. Establecer programas eficaces de rescate y reintroducción de especies emblemáticas (águila real, jaguar, tapir, lobo mexicano, oso pardo, berrendo, águila arpía, quetzal, borrego cimarrón, monos araña y saraguatos, etcétera). En su caso, pagos a los propietarios rurales potencialmente afectados. Fomentar la ganadería diversificada. Coordinar las políticas de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado en zonas prioritarias para la conservación de especies, y el aprovechamiento cinegético de conservación. Crear un Cuerpo de la Policía Federal especializado en vigilancia forestal y en áreas naturales protegidas, en coordinación con la PROFEPA. Conservación de la biodiversidad en el mar Promover una regulación ecológica de la pesca (NOM-ECOL). Impulsar cambios normativos en la legislación y administración de pesquerías para que las actividades pesqueras tengan concesiones o permisos territoriales comercializables, otorgados a cooperativas, organizaciones y empresas, y bajo cuotas de observancia estricta y condiciones de certidumbre a largo plazo. Establecer áreas naturales protegidas y de exclusión pesquera en el mar de Cortés y en otras zonas marinas prioritarias. Declarar santuario marino a todas las aguas del Caribe mexicano. Comprar por parte del Estado embarcaciones y motores, y de derechos, permisos o concesiones de pesca en zonas vulnerables y sobre-explotadas. Reorientar todos los subsidios, en especial a los combustibles marinos, hacia la capacitación de pescadores en nuevas actividades o en apoyos directos al ingreso durante la transición. Establecer un sistema de certificación ecológica de productos pesqueros sustentables. Dotar de nuevas capacidades de vigilancia marina a la Secretaría de Marina-Armada de México y a la PROFEPA.Residuos y materiales secundarios
Articular un Sistema Mexicano de Recuperación y Reciclaje de Materiales Secundarios (Residuos de envases y empaques), financiado por las empresas productoras de bienes de consumo (bebidas, alimentos y otras); nuevas empresas de recolección, acopio y reciclaje. Formalización de pepenadores. Promover incentivos para la recolección y reciclaje de materiales de escaso valor en el mercado. Diseñar una política industrial para el reciclaje. Promover alianzas público-privadas en el aseo urbano en las ciudades. Implementar un programa eficaz de BANOBRAS para apoyar la construcción y operación de rellenos sanitarios en pleno cumplimiento de la normatividad, y aprovechamiento energético del metano. Establecer una regulación ecológica a los municipios en materia de gestión de residuos.Agua
Vigilar que las residuales se transfiere a PROFEPA, con las capacidades técnicas, presupuestarias y legales necesarias. Diseñar un sistema de incentivos, derechos y sanciones a los municipios y empresas en materia de descargas de aguas residuales en cuerpos federales (continentales y marinas). Crear una entidad reguladora del servicio público de agua para las ciudades de México (indicadores de desempeño, calidad y continuidad del servicio, medición y eficiencia física, tratamiento de aguas residuales, autonomía y gobierno corporativo de organismos de agua profesionalización en los organismos operadores, consejos de administración, participación de usuarios, fijación flexible de precios y tarifas, subsidios focalizados a los más pobres con un esquema de vales). Promover alianzas público-privadas en los sistemas de agua de las ciudades de México. Comprar los derechos o concesiones de agua a los agricultores en cuencas de gran vulnerabilidad ecológica. Abastecimiento a ecosistemas (Cuatro Ciénagas, Río Colorado). Renegociar el Tratado de Límites y Aguas con EUA para abastecer y restaurar los ecosistemas de la desembocadura del río Colorado. Restaurar la cuenca de Lerma – Chapala, Xochimilco y Chalco (a través de alianza federal con el DF), Cuatro Ciénagas, Delta del Río Colorado (responsabilidad compartida en el tratado de aguas y límites con Estados Unidos). Diseñar un sistema público y confiable de monitoreo en tiempo real de la calidad del agua en playas de interés turístico, y en ríos prioritarios. Revelar públicamente tendencias en la contaminación del agua en los principales ríos, lagos y aguas costeras del país. Eliminar subsidios a la electricidad para bombeo agrícola de aguas subterráneas, y sustituirlo por un esquema equitativo de apoyos directos al ingreso.Procuración Justicia Ambiental
Hacer de PROFEPA un organismo descentralizado, profesionalizado, y con órgano consultivo ciudadano que apoye y revise sus acciones y programas.
Establecer un procedimiento único de inspección y verificación en la LGEEPA y especificidades concretas en leyes sectoriales, y permitir que los denunciantes participen como coadyuvantes de autoridades en el desahogo de los procedimientos. Crear salas especializadas en materia ambiental dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y de procedimientos de decisión basados en información científica, económica y técnica objetiva.El derecho a la ciudad y la vivienda
Principios
Resalta que más del 75% de la población nacional vive en ciudades, y el porcentaje crecerá conforme avance el desarrollo del país, y se acelere la emigración del campo a las ciudades. Para el 2050, más del 90% de la población vivirá en ciudades. Reconocer que México tiene una vasta red de más de 400 ciudades, donde viven más de 80 millones de personas. Aceptar que las ciudades son el mayor capital social y económico de México. Admitir que se exigen y otorgan grandes subsidios al campo, pero nadie exige apoyos a las ciudades. Asumir claramente la urbanización como un prerrequisito para el desarrollo económico, la sustentabilidad, la competitividad, y la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Reconocer que un país competitivo y sustentable requiere ciudades productivas, y con alta calidad de vida. Asumir a la ciudad como el gran sistema de igualdad y acceso a oportunidades. Aceptar que hoy las decisiones que configuran la estructura urbana son tomadas por empresas desarrolladoras de vivienda, con una lógica extensionista de suelo barato y maximización de utilidades. Reconocer y hacer valer el derecho a la ciudad como precondición del derecho a la vivienda, en ciudades compactas, verticales, eficientes, competitivas y sustentables. Establecer un nuevo esquema de política urbana y de apoyo a las ciudades de México desde el gobierno federal. Construir cerca de un millón de viviendas anualmente, al menos durante los próximos 20 años, pero no sólo en propiedad, sino también para arrendamiento. Esto definirá el perfil, la estructura, y la naturaleza de las ciudades de México. Re-codificar el derecho a la vivienda como el derecho a la ciudad. Diseñar un programa de inversión masivo en las ciudades de México, en infraestructura y equipamiento, en nuestra formidable red urbana de cerca de 400 ciudades.Cambio institucional en desarrollo urbano y vivienda
Aceptar que CONAVI e INFONAVIT, entre todos los ONAVIS, poseen las llaves para hacer que las políticas de vivienda catalicen el desarrollo de ciudades sostenibles, al promover urbanizaciones contiguas, verticales y densas con diversidad de usos, accesibles e integradas a la ciudad, con espacio público, servidas eficientemente por transporte colectivo. Reconocer que presupone una re-ingeniería en las políticas de vivienda, y de fusionar INFONAVIT y CONAVI en una Secretaría de Ciudades, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECIDUV) que además sumaría las capacidades actuales en esta materia que hoy radican en SEDESOL. Fomentar una nueva arquitectura jurídica a INFONAVIT para que quede sujeto a las políticas urbanas de la nueva secretaría. Permitir que la nueva entidad utilice la política de vivienda como instrumento de política urbana, a través de nuevos mecanismos y herramientas institucionales, financieras y operativas, sin necesidad de modificar el Artículo 115 Constitucional. Reconfigurar y aumentar el presupuesto de CONAVI para que además de subsidios individualizados vinculados a hipotecas accesibles, se aboque a la adquisición y/o expropiación de predios intra-urbanos (como la reserva territorial identificada por SEDESOL), y a la promoción de desarrollos habitacionales en arrendamiento al interior de la ciudades. Las ciudades de México exigen una nueva política presupuestal de apoyo federal. Garantizar que las desarrolladoras de vivienda pasarían a ser desarrolladoras de proyectos inmobiliarios urbanos de usos mixtos. Recalcar que no se trata de un ejercicio o intento obsoleto de planificación desde el gobierno federal, sino de intervenciones inteligentes directas en el espacio, y tejido urbano, tendientes a reorientar y a reestructurar la funcionalidad de las ciudades. El vehículo sería la vivienda, y el derecho a la ciudad, la motivación y el principio de política pública. Hacer ciudades competitivas y sustentables a través de la vivienda Permitir que el gobierno compre y/o expropie tierra urbana, en zonas con servicios, y preferentemente en áreas subutilizadas y en decadencia (como en antiguas áreas industriales y en centros históricos degradados). La referencia serían 100 mil hectáreas vacantes de suelo intra y periurbano, identificadas para desarrollo urbano en 121 ciudades (SEDESOL). Esta reserva sería actualizada e inventariada de manera permanente, dando seguimiento a la dinámica urbana de las principales ciudades del país. Crear un mecanismo de financiamiento a las empresas desarrolladoras para cubrir los costos incrementales del suelo intra-urbano. Recalcar que no habrá financiamiento de organismos nacionales de vivienda para desarrollos habitacionales exo-urbanos y horizontales. Crear la célula y la unidad de cuenta en el nuevo sistema serán los proyectos urbanos de vivienda, en Polígonos de Actuación, capaces de crear suelo urbano (aumentando las alturas y las densidades permitidas), de ofrecer vivienda con servicios e infraestructura, y espacio público. Promover Proyectos urbanos de acuerdo a capacidades físicas de desarrollo; estructura de propiedad de la tierra; mecanismos de compra y/o expropiación o de transferencia de propiedad; re-lotificación; ajustes a la normatividad del suelo en usos y densidades; mecanismos de captura de plusvalías y transferencia de potencial; dotación de infraestructuras, equilibrio físico y financiero entre vivienda, comercios y servicios, y espacio público. Resaltar que se concursa en cada polígono de actuación un proyecto urbano de vivienda vertical, comercio y servicios integrada al entorno y al sistema urbano. Al ganador se le transferirá la tierra en comodato, y después, en propiedad en condominio a los adquirentes. Servicios y comercios contribuyen a través de un subsidio cruzado, para cubrir el costo incremental del suelo para vivienda. Señalar que habrá coordinación con BANOBRAS para la introducción de servicios e infraestructuras. Diseñar un programa de urbanización, y micro-financiamiento para vivienda progresiva y autoconstrucción, producción social de vivienda, introducción de servicios, espacio público, y regularización en asentamientos precarios periurbanos e intra-urbanos. Mayor superficie habitable, calidad, cohesión familiar y social, identidad de barrio, oferta de espacio público, plena integración a la ciudad, y seguridad. Establecer un programa de re-densificación de zonas habitacionales unifamiliares.Gobiernos locales y derecho a la ciudad
Promover un nuevo proceso de coordinación fiscal para que los municipios establezcan una sobretasa de impuesto predial a terrenos baldíos o con potencial desaprovechado, a costo de oportunidad fiscal para el municipio, para estimular la oferta de predios intra-urbanos. Establecer un programa federal de fortalecimiento a las finanzas municipales mediante el desarrollo de catastros confiables y cobro justo y universal de impuestos prediales. (Hoy, el impuesto predial sólo representa el 0.2% del PIB). Resaltar que se promoverían modificaciones consecuentes a las legislaciones estatales (Leyes de Ingresos, leyes orgánicas municipales, leyes de desarrollo urbano). Diseñar un programa de apoyos federales para el desarrollo y mejoramiento del espacio público en las principales ciudades de México.Economía verde
Hacia una economía verde
Alentar a que las empresas que crean valor social y ambiental como empresas, no sólo como fuentes de filantropía. Impulsar la economía verde como nueva y distintiva bandera o propuesta para crear valor. Reconocer que en México y en el mundo crece aceleradamente la demanda de productos y servicios que satisfagan necesidades sociales y ambientales (energías renovables, alimentos sanos, teléfonos celulares inteligentes y computadoras baratas, materiales reciclables, menos materiales de empaque, aislantes térmicos, café de sol, productos certificados ambientalmente, electrodomésticos de alta eficiencia, sistemas de agua potable, micro-créditos, crédito para energía solar, etcétera). Evitar que se borren o vuelvan difusos los límites entre el valor económico privado y los valores sociales y ambientales o bienes públicos. Superar la barrera conceptual de las externalidades ambientales. Resolverlas no necesariamente aumenta los costos de las empresas, ya que pueden innovar tecnologías, ser más eficientes, aumentar su productividad y expandir sus mercados. Fomentar la gestión ambiental en la cadena de valor de las empresas es determinante de competitividad y en la sustentabilidad de la economía. Alentar la producción conjunta de bienes privados y bienes públicos ambientales a lo largo de la cadena de valor de las empresas es clave de sustentabilidad corporativa, de competitividad, y de desarrollo de una economía verde. Reconocer que las políticas ambientales corporativas o de gobierno, pueden ser un motor o fuente de productividad, tal como se ha mostrado en los países desarrollados. Aceptar que una economía verde es consecuencia de una nueva visión de creación de valor, de valor compartido. Garantizar que se trasminen a la cadena de valor de las empresas la eficiencia en el uso del agua y de la energía, la auto-generación de energía renovable, la minimización de insumos y recursos naturales, el compromiso en la gestión de residuos, y el uso de materiales secundarios y reciclables en envases y empaques. Promover la auto-generación de energía renovable y la co-generación en las empresas, para eliminar la incertidumbre a largo plazo en el costo del suministro eléctrico, y diversificar la cartera energética. Aceptar que el desarrollo económico y la sustentabilidad son el negociode todos. Banca verde Promover financiamiento especializado de la banca comercial a energías renovables, eficiencia energética, empresas turísticas sustentables, vehículos eficientes, transporte público, infraestructura ambiental, reciclaje de residuos. Garantizar capital de riesgo y deuda en condiciones preferenciales con apoyo gubernamental a empresas productoras de bienes y servicios verdes o sustentables. Garantizar una banca de desarrollo en operaciones financieras para nuevas empresas con una dimensión de sustentabilidad. Promover indicadores de sustentabilidad corporativa para reducir el riesgo y por tanto, el costo de capital de las empresas. Revelar información sobre el desempeño ambiental al mercado de valores.Etiquetas: Partido Nueva Alianza, plataforma política, Quadri
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