Firma gobernador y presenta al Congreso nueva Ley de Transparencia
Histórica, se propondrá como ejemplo al Senado de la República y a los Congresos de los Estados: COMAIP; contempla nuevos sujetos obligados, como Sistemas de Agua, sindicatos, fideicomisos, fondos públicos y organizaciones de la sociedad civil, notarios públicos y oficiales del Registro Civil
Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Con la finalidad de que la entidad sea un líder en materia de transparencia y rendición de cuentas, el Gobernador Rubén Moreira Valdez firmó y presentó ante la LIX Legislatura del Congreso local, la Iniciativa de la Nueva Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
La nueva Ley contempla las buenas prácticas y recomendaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, ésta se trabajó en coordinación el Gobierno del Estado, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) y la Organización Civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
En primera instancia, se realizó la firma de la Iniciativa en el patio central de Palacio de Gobierno, donde la Consejera Presidenta del ICAI, Teresa Guajardo Berlanga, detalló planteamientos de la Iniciativa de la nueva Ley, como el Presidente de la COMAIP, Orlando Espinosa, resaltó que la propuesta no tiene precedente en México, que es innovadora, histórica y de vanguardia, además que se propondrá al Senado y a los Congresos Estatales como ejemplo para su aplicación en el resto del país.
Al ser presentada de manera formal en la Décima Sexta Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, el Gobernador Rubén Moreira puntualizó que con esta propuesta, que será analizada para su aprobación, se alcanza el primer lugar nacional en la materia, para que sea accesible a la población indígena y personas con capacidades diferentes.
Expuso que en ella se contempla nuevos sujetos obligados, como los Sistemas Operadores de Agua, sindicatos, fideicomisos, fondos públicos y organizaciones de la sociedad civil que reciben recursos de esa naturaleza, como notarios públicos y oficiales del Registro Civil.
En la nueva Ley, queda establecido que se prohíbe de manera expresa la difusión de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público y establece la prohibición de retirar información pública mínima de su portal de internet, esto con el fin que al término de una Administración no sea borrada la información que mantenía cierto sujeto obligado, y poder conservar una memoria digital de las dependencias públicas
Explicó que para todas las entidades públicas se amplían de 26 a 47 las obligaciones de transparencia que deben divulgar, como los son los indicadores de gestión, de resultados y metas que permitan evaluar su desempeño, la versión pública de la declaración de los servidores públicos, los padrones de beneficiarios, la deuda pública, a las instituciones que se adeuda y el estado de los fondos de pensiones, entre otras.
Para el Poder Ejecutivo, se incrementa a 61 obligaciones, como los son el Atlas Estatal de Riesgo, el número de quejas y las sanciones aplicadas a los notarios públicos, las estadísticas sobre denuncias y las estadísticas de personas desparecidas o no localizadas.
Al Poder Legislativo se adicionan cuatro fracciones con nuevas obligaciones, en las que se establecen que difundirán los montos de cualquier recurso asignado y ejercido por los propios Diputados, sus Grupos Parlamentarios, Comisiones, Comités, la Mesa o Junta de Gobierno y el monto asignado y ejercido por cada uno de los Diputados para su informe anual de actividades.
El Poder Judicial aumenta de 14 a 23 obligaciones en la que se plantea difundir el directorio de los funcionarios judiciales y administrativos, y como se designaron dichas plazas, las sentencias que hayan causado ejecutoria, en su versión pública, las catas de visitas de inspección, la agenda de audiencias y la ubicación física de los expedientes.
En el caso de los Ayuntamientos, se aumenta de 13 a 20 las obligaciones de transparencia, donde se darán a conocer las rutas y tarifas del transporte público, al igual se regulan con precisión las ONG´S, fondos públicos y sindicatos sobre la información que deben difundir en sus portales de Internet.
En ese marco, se resaltó que la nueva Ley también contempla reducciones en los plazos máximos para responder a las solicitudes de información de 30 a 14 días, equivalente a más de la mitad del término establecido hasta hoy.
Asimismo, prevé ampliar el término para interponer el recurso de revisión en beneficio del solicitante, incrementando el plazo de 15 a 20 días.
También, reduce el plazo para la resolución del recurso de revisión de 80 a 30 días, y acota el término para su cumplimiento, que no podrá ser mayor a 10 días, período que actualmente no se contempla.
Ante los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Eliseo Mendoza Berrueto y Gregorio Pérez Mata; la Consejera Presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), Teresa Guajardo Berlanga, el Gobernador del Estado reiteró su disposición de transparentar la actividad gubernamental y de todos los organismos que reciben recursos públicos para sus actividades.
A los eventos asistieron Orlando Espinosa, Presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP); Haydeé Pérez, Coordinadora del Área de Transparencia del Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR); Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa Derecho a la Información, Órgano Ciudadano Artículo 19, y Christian Laris, director de Relaciones Interinstitucionales y Públicas del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Al igual se contó con la presencia de Secretarios del Gabinete; alcaldes; rectores; representantes sindicales y de la sociedad civil, además del Comandante de la VI Zona Militar, General César de la Sancha Villa, e integrantes de organismos de Transparencia de Chihuahua, Durango, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Yucatán.
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