Entrega el Gobernador Rubén Moreira Valdez Paquete de Iniciativas de Reformas de Ley
- al H. Congreso del Estado
Versión estenográfica. Entrega de Paquete de Iniciativas de Reformas de Ley, por parte del Gobernador Rubén Moreira Valdez, al H. Congreso del Estado. Saltillo, 22 de mayo del 2012.
Discurso pronunciado por el gobernador Rubén Moreira Valdez.
Diputadas, diputados de todos los partidos políticos, muchas gracias por recibirnos y por recibirme esta mañana.
Hace 200 años, en Cadis, España, se firmó la Constitución que en aquel entonces rigió a todo el mundo hispano hablante. A ese lugar acudió un preclaro coahuilense. Nacido a unos kilómetros de aquí, me refiero a Miguel Ramos Arizpe. Y agradezco la presencia del señor alcalde de Ramos Arizpe aquí, en esta mañana.
Nuestro paisano cruzó el océano para llevar las inquietudes de las y los coahuilenses, hasta la cortes, en España. No solamente es producto de las cortes, la Constitución que en este año cumple 200 años; también es producto de las cortes la práctica de la discusión de las ideas.
Hasta ese momento el mundo hispano hablante no tenía esa práctica. No tenía, en el quehacer diario, la discusión de las ideas.
Narran que quienes fueron las cortes descubrieron la maravilla del parlamentarismo. Descubrieron la fascinación de llegar a un sitio en donde su voz podía ser escuchada, y en donde triunfara, en base al voto, la razón, la necesidad y la mayoría, escuchando siempre los intereses de todos.
Es así como hace 200 años se inauguró para el mundo hispanohablante la institución de las diputaciones.
El día de hoy me presento ante esta soberanía no solamente en uso de las facultades que me otorga La Constitución del Estado y la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Me presento ante ustedes con la obligación de venir a entregarles un paquete de leyes, un paquete de reformas legislativas y constitucionales.
Y antes de iniciar a hacer la relación de las mismas, dejo aquí mi compromiso, con todo respeto a su soberanía, con todo respeto a su autonomía y con todo respeto a la alta dignidad que tienen, de estar dispuesto a discutir cada uno de los artículos, cada una de las normas que hoy presentemos.
Dejo aquí mi compromiso, a su consideración, de revisar, con ustedes, los textos que aquí entrego; que podamos tener, todos, una experiencia primera en nuestra entidad en la cual podamos hacer un diálogo, se escuche mi opinión y ustedes tomen la decisión que crean que corresponde para el bien de las y los coahuilenses.
También dejo aquí mi compromiso de estar atento a realizar cualquier diálogo en materia de legislación, que sea de interés en relación a las reformas que estamos presentando.
En los próximos días habremos de invitar a esta soberanía, al Tribunal Superior de Justicia del estado, a los organismos autónomos, a la escuela y las universidades, para que realicemos la más profunda reforma legislativa en los últimos 100 años.
Que revisemos nuestra Constitución, nuestras leyes reglamentarias, nuestras leyes, nuestros reglamentos; que podamos ofrecerles a los y las coahuilenses la legislación que nos permita seguir aprovechando oportunidades de desarrollo.
La legislación que borre discriminaciones, que aliente el progreso y la paz social.
En los próximos días extenderemos respetuosamente esa invitación. Creo que las y los coahuilenses merecen que sistematicemos nuestro derecho, que ordenemos nuestra legislación y que incluyamos en ella, en esa legislación, no solamente aquellas experiencias que en el mundo creamos que merece nuestro estado.
Sino también los anhelos y aspiraciones de los habitantes del estado fuerte de México. Del estado que ilumina a la Nación, que la mueve, que la alimenta y que la adorna.
Porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, aquí producimos casi el 14 por ciento de la energía eléctrica del país; movemos a México porque somos el mayor productor de carros de ferrocarril, porque uno de cada cuatro vehículos se produce aquí en el Ramos Arizpe o en Derramadero; lo alimentamos porque aquí está la mayor industria lechera de la Nación; y lo adornamos porque somos el mayor productor de plata del mundo.
Las y los coahuilenses merecen que hagamos un ejercicio de diálogo, de democracia, de respeto, de discusión entre nosotros. Estoy seguro que pondremos por delante los intereses de nuestros electores para tener la mejor legislación para ellas y para ellos.
Al igual que ustedes, soy miembro de un partido político. Al igual que ustedes, la pasión por los colores y por las ideas de mi instituto político, me llenan, me apasionan y a través de sus colores veo la realidad de mi país.
Pero podemos disminuir esa pasión para sentarnos en la razón y en la lógica y llegar a consensos y acuerdos de la legislación que quieren las y los coahuilenses.
Mientras eso sucede, vengo aquí señor presidenta de la Mesa Directiva, a presentarles un paquete de reformas, que por la necesidad, que por la urgencia y que por mandato de otras legislaciones, es importante someter a su consideración.
Este paquete comprende rubros fundamentales para la administración pública, referentes a la educación, transparencia, obras públicas, adquisiciones, la sectorización de dependencias para una mejor atención y cumplimiento de sus fines, la igualdad de acceso a los cargos públicos, los medios alternos de solución de controversias, la defensa de los contribuyentes, la adopción plena, los procesos de rectificación de actas del Registro Civil y la dignidad de los animales.
Todas estas propuestas han sido elaboradas tomando en consideración muy estrecha, el ejercicio y desarrollo pleno de los derechos humanos.
Debo destacar en principio las reformas propuestas a nuestro ordenamiento constitucional.
La educación es uno de los derechos fundamentales del ser humano, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de nuestra entidad establece como un deber de los habitantes el adquirir la educación primaria y secundaria, y hacer que la reciban los menores de edad que estén bajo su potestad o cuidado.
La educación es la fuente del conocimiento. Gracias a ella podemos enfrentar los retos y dificultades que se presentan en nuestra sociedad. Estamos convencidos que una entidad conformada por personas que tengan garantizada su instrucción, que cuentes con instituciones públicas obligadas a brindar educación eficaz y congruente con las necesidades actuales, es una entidad fuerte y económicamente sustentable.
Por tal razón, con el fin de guardar congruencia y desarrollar normativamente a nivel local el mandato del constituyente mexicano que en febrero pasado estableció la obligatoriedad de la educación media superior en nuestro país, se propone reformar la máxima norma coahuilense, para que sea un deber del ciudadano recibir, y del Estado, otorgar, la educación media.
Con ello, mejoraran las oportunidades de acceso a educación superior y empleo para las y los jóvenes coahuilenses. De igual forma, con más jóvenes en el estudio se reduce la posibilidad de que sean acercados al crimen o víctimas de él.
Otra reforma al texto Constitucional, es la referente a la asistencia del gobernador al Congreso del Estado, para rendir el Informe de Gobierno.
Al inicio de la Administración, para ser exactos, cuando concluía la anterior, la Ley Orgánica para la Administración Pública, fijó como fecha para tal evento el 30 de noviembre de cada año. Excepto en el cual haya transmisión de poderes.
Tal disposición refrenda el compromiso de todos los poderes públicos por enfocar su actuación al servicio del pueblo, al crear un marco que brinde transparencia, objetividad y eficacia en el desarrollo de la labor gubernamental.
La reforma a la Ley Orgánica, que presenté al anterior titular del Ejecutivo y que él generosamente trajo a esta soberanía, para ser efectiva está sujeta a la reforma a la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza.
Que en el estado actual establece la obligación del gobernador de informar por escrito anualmente al Congreso, dentro de los 10 primeros días del mes de noviembre, sobre el estado general que guarda la administración pública.
Por lo que a fin de dar cumplimiento a lo propuesto en la Ley Orgánica, vengo ante ustedes a pedirles que se reforme la Constitución de Coahuila y que quede como una obligación del gobernador acudir ante esta soberanía personalmente y rendir ante ustedes, las y los diputados, los representantes legítimos del pueblo de Coahuila, el Informe sobre el estado general que guarda nuestra entidad.
Esta administración está comprometida con la mejora en la transparencia y el acceso a la información pública, como derecho fundamental de las personas; y la rendición de cuentas, como obligación del Estado.
Propongo, por ello, elevarlo a rango de derecho fundamental en la Constitución local. Por tal razón se propone una serie de reformas a la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Coahuila de Zaragoza.
Por medio de las cuales pretendemos generar una sociedad más participativa, que genere una nueva relación entre el Gobierno y los ciudadanos.
Cuando las acciones de un gobierno se conocen por parte de los ciudadanos, permiten ser evaluadas conforme a la realidad. Conforme a las necesidades poblaciones y de acuerdo a los objetivos trazados en el corto, mediano y largo plazo.
Esto genera dinámicas propositivas sobre la responsabilidad por parte de los funcionarios de llevar acciones apegadas a la ley, y por los ciudadanos, de conocerlas, evaluarlas y proponer nuevos proyectos.
Deseamos promover una nueva dinámica y desarrollarla en el manejo de la administración. El Gobierno abierto es una forma de gobernar basado en la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e información para la toma de decisiones.
Considero que no basta venir de nueva cuenta aquí al Congreso a rendir informe. Creo que es importante que después de rendirlo tengamos un espacio, aquí en el Congreso, para hacer un análisis del Informe y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.
Creo que esta reforma, que ya está en tránsito, a partir de la Ley Orgánica, es singular en el país, y no tiene ejemplo en otra. Por el contrario, las y los legisladores coahuilenses serán ejemplo en la Nación.
Pero también, por medio de la iniciativa en transparencia, buscamos que los ciudadanos cuenten con más información oportunidad, de calidad y de fácil acceso; que les permita conocer el actuar en los diferentes ámbitos de gobierno y de esa manera participen e incidan activamente en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas.
Para ello es importante el aprovechamiento de nuevas tecnologías y herramientas innovadoras, que permitan abrir canales de comunicación con los ciudadanos y mejorar la rendición de cuentas.
La iniciativa en materia de transparencia tiene como objetivo facilitar el acceso a la información e incrementar las obligaciones de información pública mínima que deben difundir los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los ayuntamientos, las universidades públicas e instituciones de educación superior, Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.
Asimismo se incorporan como sujetos obligados los fondos y fideicomisos públicos. Así como, y esta sería, de aprobarse por ustedes, el mayor avance registrado en materia legislativa en este tema en el país, las agrupaciones gremiales, los sindicatos de trabajadores que mantengan relación laboral con alguno de los poderes del Estado, sus dependencias o los ayuntamientos.
Por su parte, en reconocimiento a la autonomía constitucional del Instituto Coahuilense de Acceso de Información, es pertinente dotarlo de herramientas para fortalecer y por medio de las cuales pueda establecer sanciones a aquellos funcionarios que demuestren una actitud contraria al espíritu de la Ley.
Así se propone facultarlo para imposición de sanciones que van desde 10 a mil salarios mínimos vigentes. Esto sin que las mismas sean excluyentes de responsabilidad administrativa que resulte en su caso. Y de ser procedente que el Instituto, y esto sería también algo inédito en el país, recomiende la remoción del funcionario público que sea totalmente omiso en la entrega de información.
Esta propuesta constituye un compromiso de la Administración para que los funcionarios estén atentos a los requerimientos de información.
El primer paso para lograr un estado más transparente, es contar con andamiaje jurídico que guie y encamine las acciones de los entes públicos en la dirección correcta hacia la cual queremos llegar.
Para que los sujetos estén en posibilidad dar cabal cumplimiento a las nuevas obligaciones en la materia, se contempla un plazo razonable para el inicio de la vigencia y con ello atender esta demanda social.
Y es que, señoras y señores legisladores, hemos propuesto en la iniciativa que ustedes ven, la inclusión como sujetos obligados, a los sindicatos que tengan relación con el Estado o sus dependencias, o con los municipios.
Pero también en la ley verán ustedes, optativo, la posibilidad de que el resto de las organizaciones gremiales se sumen voluntariamente a las acciones de transparencia.
También en la propuesta de Ley encontrarán ustedes la obligación de las Asociaciones Civiles y las Fundaciones, de entregar información. Convirtiéndolas en sujetos obligados.
Y esto se hace esencialmente a partir del hecho de que reciben, en muchos casos, fondos públicos de las y los ciudadanos.
Y en otros casos tienen ventajas fiscales que les permiten entregar constancias deducibles de impuestos, y esa sería la liga con el ciudadano que tiene el derecho a saber en qué se está aplicando los fondos que destina o deja de recibir de estas instituciones o de otras análogas.
En este orden de ideas, en el orden de mejorar nuestra legislación y con el fin de armonizar los diversos instrumentos legales, referentes al ejercicio responsable de los recursos que el Estado utiliza para hacer frente a los retos que diariamente se presentan y que deben en todo momento satisfacer las necesidades y exigencias de la población, de forma eficaz y eficiente, con transparencia y calidad para el bienestar general de los ciudadanos, propones reformar dos leyes más: la de Obras Públicas y la de Adquisiciones.
Lo anterior con el fin de establecer procesos de planeación participativa que articulen la planeación presupuestaria para la construcción de obras, con base en la tendencia de crecimiento poblacional y económico; y que ésta atienda las necesidades presentes sentando las bases para el futuro.
Con una reflexión analítica llevada al interior de la administración, se concluyó la necesidad de establecer un sistema simplificado en el proceso de licitación, que promueva el uso adecuado de los medios remotos de comunicación electrónica, en donde se reconozca valor probatorio a los medios tecnológicos de identificación. Aunado al ajuste de los plazos del propio proceso.
En síntesis: requerimos modernizar nuestra legislación de obras públicas y adquisiciones. Requerimos hacerla más transparente, permitiéndole, desde lugares remotos, ver el proceso a través de adelantos tecnológicos como la red de internet.
Por otra parte, se pretende sentar orden por medio del establecimiento de controles más claros y estrictos para que los contratistas accedan o conserven los certificados de actitud, con motivo de suscripción en el padrón de contratistas de la Administración Pública estatal.
Esta reforma pretende incorporar a la dinámica económica estatal, a licitantes locales por medio de los órganos ejecutores; la participación de las empresas estatales, especialmente en las micro, pequeñas y medianas, que son gran puente de riqueza y empleo en nuestra entidad.
La iniciativa propuesta establece con atención y apego a los principios de economía eficaz, eficiencia, imparcialidad y honradez, el adecuado ejercicio del gasto público y la rendición de cuentas.
En el tenor de los derechos fundamentales, el derecho a la propiedad es el pilar del patrimonio de las personas y sus familias. Más aun cuando nos referimos a la propiedad de la vivienda.
La vivienda constituye uno de los principales ejes para el desarrollo, tanto individual como colectivo. Es una condición necesaria para la dignificación de la existencia de miles de personas y sus familias, y una premisa esencial para poder ejercer otros derechos, como el acceso a la salud, la educación y el libre desarrollo de la personalidad.
A la vez, es el motor esencial para detonar el crecimiento económico de una comunidad a través de las actividades relacionadas con la construcción y la generación de espacios productivos.
Actualmente enfrentamos el reto en materia de vivienda ante la explosión demográfica y la imposibilidad de las familias en pobreza para acceder a los mecanismos de crédito, ya que no cuentan con los recursos suficientes para la adquisición de viviendas nuevas, acudiendo a mecanismos alternos como lo son el alquiler o el comodato.
Ante este panorama enfrentamos el doble reto de atender la demanda de vivienda nueva y de promover oportunidades de acceso para la población.
Esta situación se encuentra aunada a la tenencia irregular de la tierra, un fenómeno añejo cuyas causas devienen en la concentración de tierra y la consecuente inequidad en su distribución. Su origen proviene de la ocupación de terrenos y en la adquisición de tierra en los mercados informales, causados por la escases de recursos para escriturar y regularizar los terrenos.
Por tal razón, la política de seguridad en la tenencia de la tierra debe dirimirse sobre la prevención de ocupación informal y regularizar aquellas comunidades asentadas de tal forma.
Acciones como la titulación, legalización o resolución alternativa de conflictos para aquellos tenedores que obtuvieron de buena fe, para ofrecer a la población y brindarle la oportunidad de diversificar sus medios de vida, utilizando las retas para uso, goce y disfrute.
Quienes habitan en asentamientos irregulares, enfrentan a su vez innumerables problemas, orillándolos a la exclusión social por falta de comunicación, servicio, y construcción inadecuada, que no cumple con las normas mínimas; situaciones que son agravadas por la ocupación de zonas insalubres y peligrosas, sujetas a deslaves e inundaciones.
Debemos de ser claros, resulta inviable económica y físicamente reubicar a miles de personas asentadas en forma irregular, cuando están en terrenos seguros. Sin embargo, si alineamos e implementamos estrategias jurídicas dentro del marco institucional, por medio del cual una institución gubernamental sea encargada de forma específica de prevenir y atender las necesidades de quienes se encuentran en esta situación.
Y que promueva la regularización de este tipo de asentamientos, podremos otorgarle certeza a miles de personas.
Esta reforma, la reforma que presento para crear legalmente una institución que regularice la tenencia de la tierra, para fortalecer la construcción de viviendas, viene también a satisfacer inquietudes que se han presentado en esta cámara.
Tengo presente las que ha hecho en la Tribuna, el diputado Evaristo Lenin, en relación a CERTTURC y al Instituto de la Vivienda. Creo que con estas reformas podemos satisfacer esas inquietudes legítimas; pero creo que podemos detonar la justicia social para quien hoy no tiene vivienda.
Esta reforma se ve complementada por una propuesta para crear, dentro del Código Procesal Civil del estado, la acción con pretensión de protección de intereses de grupos determinados para la regularización colectiva de la tenencia de la tierra.
Con lo que este tipo de acción colectiva brindará seguridad jurídica en sus bienes, y justicia, a varias familias, por medio de un solo procedimiento judicial.
Creo que es injusto que las y los coahuilenses vean que los procedimientos judiciales son largos. O que lleguemos a situaciones paradójicas en la cual un vecino obtiene la propiedad de su tierra, y que en un procedimiento similar, por alguna variable jurídica, el de un lado no logra su éxito ante los tribunales.
Esta acción colectiva será también ejemplar para nuestro país, y con un solo procedimiento, quienes vivan en un predio podrán, legítimamente, reclamar lo que es de ellos, y con ello darle a sus familias un patrimonio que seguramente será la base de un futuro mejor.
…El Gobierno de Todos actúa en el tenor de una máxima protección a los derechos fundamentales. Y bajo el convencimiento de que éstos deben ser ejercidos en condiciones de igualdad, de forma de que todas y todos puedan participar en la vida económica, social, política y cultural de nuestro estado, con independencia de género, edad, religión, situación económica, preferencia sexual, y demás circunstancias particulares.
La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, determina que la Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia encargada de propiciar las condiciones sociales, individuales y colectivas, que garanticen el acceso a los programas de desarrollo social, en los que se promueve la equidad, el respeto a la diversidad, la atención a la juventud, a los adultos mayores, a quienes tienen alguna discapacidad, y demás población en situación de vulnerabilidad o de marginación para el disfrute de los derechos individuales y colectivos.
Sin embargo, en la actualidad el Instituto Coahuilense de las Mujeres, el Instituto Coahuilense de la Juventud y el Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores, son organismos descentralizados que se encuentran sectorizados a diversas dependencias y entidades de la Administración estatal.
Como son la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Al respecto, el esquema propuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública nos obliga a agrupar las entidades señaladas a un mismo sector.
De tal forma que sea una única dependencia de la administración estatal la que determine el diseño e implementación de acciones puntuales y coordinadas que permitan a los coahuilenses desarrollar a plenitud su potencial como seres humanos en condiciones de igualdad.
Podemos estar seguros que los ajustes institucionales y legales que proponemos en esta iniciativa, nos permitirán seguir en pie de lucha para defender y proteger los derechos de las mujeres: una vida libre de violencia, a la maternidad, a condiciones laborales dignas.
Así como los derechos de las personas adultas mayores, a un trato digno. Los derechos de los jóvenes, a más y mejores oportunidades de desarrollo. Así como los derechos de los demás grupos que sufren vulnerabilidad.
Debemos señalar que además de la sectorización de los institutos referidos, que es lo que propongo en esta iniciativa, a la Secretaría de Desarrollo Social. Esta iniciativa prevé la modificación de la ley para entidades paraestatales del estado de Coahuila de Zaragoza.
Con la finalidad de adecuar y homologar la estructura de los órganos de gobierno de las entidades paraestatales, dentro de los cuales se encuentren dichos organismos.
Así como establecer la posibilidad de ciudadanizar su estructura y hacer más eficiente el despacho de sus asuntos. Determinando que las acciones de los mismos se realicen en intervalos más reducidos.
El respeto de la igualdad de los derechos debe empezar al interior de la Administración Pública. En un sistema democrático la igualdad de oportunidades para el acceso de cargos públicos no puede ser limitativa para los mexicanos por nacimiento o por naturalización.
Para efecto de ofrecer un trato igualitario, es obligación eliminar todo obstáculo que menoscabe la vía de acceso a dichos cargos.
Por tal razón se considera reformar la Ley de Procuración de Justicia y la Ley del Sistema de Seguridad Pública, para que todos los mexicanos, sin importar la forma en que hayan adquirido su nacionalidad, puedan encontrarse en capacidad de ingresar al servicio de carrera como Ministerios Públicos, peritos y agentes policiales.
La actual legislación sólo le concede esa posibilidad a los mexicanos por nacimiento.
Los derechos humanos son indivisibles e inseparables del ser. La autoridad está obligada a garantizar, en todo momento, el respeto de los mismos en todas sus disciplinas.
Con el propósito de ampliar el marco protector de los mismos, se propone reformar el Código Civil del Estado, para hacerlo acorde a las disposiciones de la convención sobre los derechos del niño y la convención de La HAYA, sobre protección de menores, respecto a la adopción, figura jurídica por medio de la cual se crea el vínculo de afiliación entre adoptante y adoptado.
La cual se encuentra actualmente regulada en dos modalidades: plena y semiplena.
El objeto de esta iniciativa es eliminar la adopción semiplena. Todo es que, el vínculo de afiliación acotado al adoptante y al adoptado, sin que sea excesivo de los vínculos de parentesco que el adoptante puede tener.
Esta situación genera desigualdad, inequidad, discriminación. Tal circunstancia no es permisible y de ahí la necesidad de eliminarla en atención del interés superior de los menores.
Señoras y señores legisladores: les pido que reflexionemos sobre este punto. No es posible que tengamos hijos de primera e hijos de segunda. Si la familia, si el mayor de edad decide adoptar, y si el Estado, que somos nosotros, entregamos un menor, el mismo tiene que llegar a un lugar en donde todo el entorno lo reciba como hijo o lo reciba como hija; lo reciba como nieto o lo reciba como nieta.
Que nuestras niñas y nuestros niños que van a ser adoptados, tengan la felicidad completa.
En este mismo tenor y con el objeto que los coahuilenses cuenten con justicia pronta, (…) sin la necesidad de involucrarse en los procedimientos judiciales. Propongo modificar la ley de medios alternos de solución de controversias.
Esta reforma permitirá solventar disputas por medio de procedimientos distintos a los jurisdiccionales; por medio del fortalecimiento al Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias, como el órgano facultado para procurar la solución extra judicial de los conflictos y para prevenir el incremento de los mismos.
Se reconoce los procedimientos de medios, conciliación, evaluación neutral y arbitraje. De tal forma se establecen las bases para fomentar una cultura por la paz en el estado, que tienda a la desjudialización del conflicto, y a la descentralización de la solución de las controversias.
Al fortalecer el acceso de los justiciables, a los medios alternos de solución de controversias, podrá disminuirse considerablemente la demanda de justicia en asuntos de índole civil, mercantil, familiar, penal o laboral.
Logrando que sean las propias partes involucradas quienes puedan encontrar la solución a sus conflictos, acompañados de facilitadores certificados que cuenten con las herramientas necesarias para tal efecto.
Se contempla la posibilidad de que instituciones públicas o privadas en el estado o los municipios, puedan prestar los servicios vinculados a los Medios Alternos de Solución de Controversias.
Supeditar a la autorización del Centro de Medios Alternos, por medio de una certificación otorgada por el centro estatal, que garantice que los mediadores y conciliadores cuenten con las herramientas, conocimientos y con el perfil necesario.
En ese sentido se podrá atender por los municipios, solución a asuntos vecinales o comunitarios, con eficacia y fuerza jurídica, previniendo la necesidad de que las partes tengan que iniciar un procedimiento judicial para dar fin a un asunto que inicialmente intentaron resolver ante una autoridad municipal.
Legisladoras, legisladores: ustedes tienen una amplia experiencia. Ustedes saben que al Municipio, al DIF, o algunas otras estancias, llega el vecino pidiendo la solución de un problema; y sabemos que nuestros alcaldes, sabemos que en los ayuntamientos hay la destreza y el conocimiento y el sentido para resolver esos problemas.
Pero que les falta la herramienta para que el acuerdo que se hace frente a ellos, tenga fuerza de ley. Obviamente proponemos sistemas de control que certifiquen que quien va a llegar a una amigable composición pues tenga conocimiento, capacidad; pero tenga la seguridad de que muchos conflictos se van a solucionar ahí.
Que les daremos fuerza de ley; pero tengan también la seguridad de que con esto daremos un paso importante y decisivo para lograr la felicidad de la gente.
Otro punto que la iniciativa comprende y que también es tendiente a desjudializar los procesos, es el relativo a la rectificación y aclaración de actas del Registro Civil.
Muchos de ustedes, en sus campañas, en el día a día, han encontrado a mujeres y hombres que tienen problema con sus actas de nacimiento. Estos problemas los llevan a perder la oportunidad de obtener un crédito. A dificultar la transmisión de una herencia. A tener dificultades hasta para conseguir su acreditación para emitir el voto.
Actualmente, a juicio de su servidor, pero que lo propongo, respetuosamente a ustedes, los trámites son largos. Los trámites desgastan a las personas.
A cuántas y cuántos de ustedes no les ha tocado escuchar a un anciano que no puede obtener su pensión porque tiene un problema en su acta de nacimiento. Yo les propongo que simplifiquemos este apartado. Que le demos más fuerza a las disposiciones del Registro Civil. Que creamos más en nuestros jueces de primera instancia. Y que, de nueva cuenta, les simplifiquemos la vida a las y los ciudadanos y les permitamos un acceso rápido a la felicidad.
Les quiero proponer a ustedes, además, que hagamos un ejercicio relacionado con la defensa de los derechos humanos. Algo que acompañe los instrumentos que ya tenemos. Algo que nos ayude a garantizarle a las personas que cuando se presentan con una autoridad, van a tener un respaldo.
Es por eso que les presento una institución inédita aquí en nuestra Legislación, crear un organismo que se llame Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La cual tendrá por objeto garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas, emisión de recomendaciones y se respete, además, a través de sus informes, la equidad en los impuestos.
Ésta sería una institución que vendría a complementar nuestro sistema recaudación; y con ciudadanos que ustedes elegirían, porque la reforma está tendiente a eso, a que ustedes elijan a ese procurador, le garanticemos a las y los coahuilenses que la recaudación se hace en forma justa y equitativa; y que además es apegada a derecho.
Finalmente, queremos hacer entrega a ustedes de una iniciativa que nosotros consideramos importantes. No solamente por el tema, que de por sí sería suficiente, de la protección de los animales; sino además porque consideramos que la práctica de este tipo de actividades conlleva el incremento de la violencia, que no es ejemplo, y que una tradición no puede estar sobre el respeto a la vida.
Pero que además, la experiencia de nuestras fuerzas de seguridad nos dice que en la actualidad, alrededor de este tipo de práctica, se vive en el delito y se propician actividades que no son edificantes para nadie. Ni para los jóvenes, ni para los adultos.
Por eso les entrego aquí, a ustedes una iniciativa a la ley de protección a los animales, que la modifica para prohibir la pela de animales, entre ellos, claramente, lo que conocemos como peleas de gallos.
A todos ustedes les agradezco su atención. Al señor presidente de la Mesa Directiva le entrego la totalidad de las iniciativas, que muy respetuosamente les presentamos a ustedes.
Por último, quiero hacer un comentario y espero me lo permitan. Esta práctica que hoy hacemos, como la que hicimos el día 1º de enero, es una práctica que no tiene otro símil en la República y que es inédita en nuestra legislación. Y creo que habla bien de todos aquí en Coahuila.
Vengo con el respeto que les tengo a ustedes, legisladoras, legisladores, para hacer también una propuesta que creo que es inédita: estoy seguro, conociendo además la práctica democrática de cada uno de ustedes, que habrá inquietudes sobre las reformas que hoy presentamos. De nueva cuenta les propongo que nos reunamos. Que a mí me gustaría discutir, si ustedes lo permiten y lo consideran necesario, las razones y los motivos de por qué presentamos estas reformas.
Como las razones y los motivos de por qué hemos enviando otras iniciativas, como es el caso de la Ley de Alcoholes.
Estoy dispuesto, porque además es mi convicción, a ocupar el tiempo que ustedes dispongan para la discusión de estos temas; en el recinto que ustedes decidan, porque aquí en Coahuila nosotros vamos a proponer y ustedes van a decidir.
Por último, decirles que espero que este ejercicio lo continuemos y que podamos estar aquí para rendir nuestro Informe el próximo día último de noviembre, con la convicción de que también ese documento tendremos la disposición, no solamente la obligación, si ustedes lo votan en la reforma constitucional, de discutirlo ampliamente.
Les pido, e insistiré, si ustedes dialogar conmigo, que aprobemos estas reformas, que nos pondrán, seguramente a la vanguardia; que son contrapeso: a la fuerza de la autoridad, darle fuerza al ciudadano.
Que son anhelos, como la legislación de transparencia; que son necesidades, como las reformas a la ley de adquisición y obra pública, en donde ustedes encontrarán, incluso, disminuciones a los montos para hacer las asignaciones directas, lo que permitirá más transparencia, mejores precios, y que más empresarios participen en esas licitaciones.
A todos ustedes les agradezco la generosidad de su atención. Muchas gracias y viva Coahuila.
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