Emite diputado Arroyo Vieyra declaratoria de la reforma constitucional en materia educativa
• Fue remitida al Senado de la República
- 6 de Febrero de 2013
- Por: Ramiro Gómez
06-02-2013.- La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de aprobación del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia educativa.
El presidente de la Mesa Directiva, diputado Francisco Arroyo Vieyra (PRI) solicitó a la Asamblea ponerse de pie para emitir la declaratoria y remitirla al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Arroyo Vieyra dijo: “Se declaran reformados los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y adicionado el párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la Fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política”.
Previamente, se dio fe de la recepción de 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia educativa.
Los votos aprobatorios fueron emitidos por los Congresos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Sobre el tema, el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (PRI) mencionó que con el mejoramiento del sistema educativo se encontrará la solución a los graves y grandes problemas que como país y sociedad se padecen.
Puntualizó que con docentes más habilidades y con mayor capacidad se asegura que los grandes rezagos educativos sean cosa del pasado. “De ninguna forma, la reforma vulnera los derechos adquiridos por miles de maestros”.
De Acción Nacional, la diputada Esther Quintana Salinas resaltó que esta reforma implementa un concepto de educación con calidad que viene a enriquecer “la raigambre del artículo 3o constitucional”.
Agregó que ahora se deben impulsar cambios a la Ley General de Educación, para adecuarla a las reformas constitucionales, así como la creación de una nueva ley, misma que regulará la vida del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. “Aquí debemos escuchar las diferentes voces, a los maestros y a la sociedad porque la educación es un asunto de todos”.
El diputado Julio César Moreno Rivera (PRD) expresó que con esta reforma se consolida un sistema educativo integral y acorde a las necesidades que exige el país, e invitó al sector magisterial a coadyuvar en los trabajos necesarios para materializarla con las leyes secundarias.
Para cumplir con la reforma, afirmó, se necesita la participación de diversos actores de la sociedad, “siendo el magisterio uno de los más importantes, pues a este importante gremio de alguna forma por demás sospechosa se les ha pretendido engañar con el fantasma de la afectación sobre sus derechos laborales ya adquiridos”.
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Monreal Ávila manifestó que esta reforma no contiene ningún avance en la enseñanza, ni en los contenidos pedagógicos ni tampoco en áreas claves y fundamentales, que en naciones del mundo le han dado prioridad como son las matemáticas, la física, la tecnología, la investigación, la ciencia.
“La declaratoria que hoy se hace no quiere decir que esté satisfecho el magisterio y el personal administrativo. Debimos haberlos escuchado, pues es el sector más numeroso y más consciente del país que está en el aula. A ellos no los escuchamos”, agregó.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) señaló que lo que se aprobó no fue una reforma educativa, sino una reforma administrativa en materia educativa, por lo que su grupo parlamentario participará de manera activa en las reformas de leyes secundarias a las que mandata el artículo 3o transitorio del decreto.
“Una verdadera reforma educativa pondría en el centro de la discusión el tipo de modelo educativo al que aspiramos como nación; pondría la innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sometería a revisión los planes y programas de estudios, materiales, libros y atendería el lamentable abandono en el que se encuentra la infraestructura de la escuela pública”, afirmó.
La reforma establece que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
También contempla cambios para que el Ejecutivo considere la opinión de los maestros y padres de familia en la determinación de los planes y programas de estudio de nivel preescolar, primaria, secundaria y normal.
Se precisa que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión de la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.
Además, se crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio y al cual corresponderá evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Con las reformas, se precisa que el Ejecutivo federal deberá presentar una terna para cada uno de los miembros del Instituto y que el Senado proceda a su asignación en un plazo de 30 días naturales con una votación calificada de las dos terceras partes.
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