El ejecutivo del estado y el ICAI proponen adecuaciones a la ley para mejorar y transparentar la administración pública

• 30 de Abril de 2014
• Por: Roderic Gómez

Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 30 de abril de 2014.- Con el propósito de enriquecer la política de transparencia que practica el Gobierno del Estado y el organismo autónomo ICAI, ambas instancias proponen adecuaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en la que se involucran a nuevos Sujetos Obligados Directos y Sujetos Obligados Indirectos.

En ese sentido, la Consejera Presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, Teresa Guajardo Berlanga, expresó que actualmente Coahuila ocupa el segundo lugar en la materia.

Sin embargo, con las propuestas que en su oportunidad se presentarán al Poder Legislativo, se espera que el Estado alcance el liderazgo nacional en ese sentido.

Añadió, que pese a los avances que Coahuila tiene en este rubro, citó que en la administración del Gobernador Rubén Moreira Valdez se cuenta con un ambicioso proyecto que le llevará, en el corto plazo, a ocupar el primer nivel nacional.

Guajardo Berlanga apuntó que en coordinación con el Centro de Análisis e Investigación FUNDAR en el Estado se trabaja actualmente con un proyecto que posee virtudes de innovación relacionada con la inclusión de nuevos sujetos obligados.

Indicó que el proyecto de nueva Ley de Transparencia para Coahuila se distingue por mejorar y ampliar los niveles de participación ciudadana en los asuntos públicos.

Además, se incluyen como sujetos obligados a los sindicatos; organizaciones de la sociedad civil; así como a personas físicas o morales que realicen actividades de interés público con obligaciones amplias de transparencia.

Asimismo, la sugerencia establece como sujetos obligados indirectos a empresas de seguridad privada, notarios públicos, oficiales del Registro Civil, y asociaciones que realicen rifas o sorteos.

Con el propósito de que Coahuila alcance el primer lugar en acceso a la información pública y protección de datos personales, la propuesta aumenta considerablemente las obligaciones de transparencia, en el sentido de:

Versión pública de la declaración patrimonial que contenga, por lo menos, nombre del funcionario público, cargo, sueldo y relación de bienes inmuebles.

Indicadores de gestión, que permitan evaluar su desempeño; mecanismos de quejas y de participación ciudadana; padrones de beneficiarios; listado de las personas físicas o morales a quien se les entregue recursos públicos.

Asimismo, deuda pública e instituciones a las que se adeuda; padrón de proveedores y contratistas; licitaciones públicas y adjudicaciones; georeferenciación e imagen de todas las obras públicas; obligaciones mínimas a los sindicatos; traducción de IPO en lenguas indígenas.

Recurso asignado y ejercido que reciben diputados para llevar a cabo su Informe; el estado que guardan las pensiones de cada sujeto obligado; las actas de Entrega-Recepción; el gasto aprobado y ejercido en publicidad.

También, en materia de protección civil instrumentar el atlas estatal de riesgos, además, se propone acortar los términos para los sujetos obligados y se amplían a favor de la ciudadanía; la creación del Comité Interno de Revisión de cada Sujeto Obligado y una Comisión de Gobierno Abierto, y se instruye a los servidores públicos del sujeto obligado a generar y documentar información conforme a sus atribuciones y facultades.

De la misma forma, la propuesta sugiere la inclusión de un procedimiento de quejas en materia de Transparencia y aumentar las obligaciones al Poder Ejecutivo, a través de las Secretarías del Ramo, así como del Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, así como al Poder Judicial y a los Ayuntamientos.

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