Departamento de Justicia de EE.UU. impugna ley de inmigración de Arizona
Dicha ley interfiere con la función federal de establecer políticas de inmigración
“En un auto presentado ante el Distrito de Arizona, el Departamento de Justicia dijo que la ley S.B. 1070 interfiere inconstitucionalmente con la autoridad del gobierno federal de establecer y hacer cumplir las políticas de inmigración”, indica el comunicado de prensa difundido el 6 de julio por la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Departamento de Justicia de Estados Unidos
Oficina de Relaciones Públicas
6 de julio de 2010
Departamento de Justicia impugna ley de inmigración aprobada por Arizona y sostiene que entra en conflicto con las leyes federales
WASHINGTON – El Departamento de Justicia impugnó hoy ante un tribunal federal la ley de inmigración aprobada en fechas recientes por el estado de Arizona y conocida como ley S.B. 1070
En un auto presentado ante el Distrito de Arizona, el Departamento de Justicia dijo que la ley S.B. 1070 interfiere inconstitucionalmente con la autoridad del gobierno federal de establecer y hacer cumplir las políticas de inmigración, y explicó que “la Constitución y las leyes federales no permiten elaborar un conjunto fragmentario de políticas de inmigración estatales y locales en todo el país”. Este mosaico de políticas estatales y locales perturbaría seriamente la labor de hacer cumplir las leyes de inmigración que corresponde a los organismos federales. Al haber promulgado su propia política de inmigración que entra en conflicto con las leyes federales de inmigración, Arizona “cruzó el límite de lo constitucional”.
El escrito del Departamento decía que la ley S.B. 1070 supondrá grandes cargas sobre los organismos federales, desviando recursos de los objetivos de alta prioridad, como lo son los extranjeros implicados en actos de terrorismo, contrabando de drogas, actividad de pandillas, y aquellos con antecedentes criminales. Los mandatos que exigen a los organismos del orden público de Arizona también se traducirán en el acoso y la detención de extranjeros e inmigrantes documentados, así como de ciudadanos estadounidenses que no puedan demostrar fácilmente su condición legal.
En declaraciones presentadas junto con en el escrito, funcionarios del orden de público de Arizona, entre ellos los Jefes de Policía de Fénix y Tucson, sostuvieron que la ley S.B. 1070 obstaculizará su capacidad para patrullar eficazmente sus comunidades. Los jefes dijeron que las víctimas o testigos de delitos serían menos propensos a acudir a agentes del orden público o colaborar con ellos, y que la aplicación de dicha ley les obligaría a reasignar agentes de ámbitos esenciales como delitos violentos, delitos contra la propiedad y allanamientos de morada.
El Departamento presentó la demanda después de haber realizado amplias consultas con las autoridades de Arizona, agentes y organizaciones del orden público y defensores de los derechos civiles. La demanda se presentó en nombre del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, que comparten las responsabilidades de administrar las leyes federales de inmigración.
“A los habitantes de Arizona les frustra, con razón, la inmigración indocumentada, y el gobierno federal tiene la responsabilidad de encarar de manera exhaustiva esas preocupaciones”, dijo el secretario de Justicia Holder. “Pero el traslado de recursos federales a otras actividades que no se enfocan en extranjeros peligrosos, como sospechosos de terrorismo y extranjeros con antecedentes penales, impactará la seguridad de todo el país. El establecimiento de la política de inmigración y el cumplimiento de las leyes de inmigración es una responsabilidad nacional. El intento de abordar la cuestión a través de un conjunto fragmentario de leyes estatales creará más problemas que soluciones”.
“Con el firme apoyo de los organismos del orden público locales y estatales, veté varias leyes similares cuando era gobernadora de Arizona, porque habrían desviado recursos esenciales para organismos del orden público de las amenazas más graves para la seguridad pública y socavado la confianza vital entre los municipios y las comunidades a las que sirven”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. “Estamos trabajando de cerca con legisladores de ambos partidos en el Congreso en una reforma integral del sistema federal de inmigración, ya que este problema no puede resolverse con un mosaico de leyes estatales incompatibles, entre las cuales figura ésta. Mientras avanza el esfuerzo bipartidista para reformar nuestro sistema de inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional continuará haciendo cumplir las leyes vigentes mediante la mejora de la seguridad fronteriza y la deportación de los extranjeros que sean delincuentes”.
El Departamento de Justicia ha solicitado una orden judicial preventiva que prohíba la aplicación de esta ley, argumentando que su entrada en vigor ocasionará daños irreparables.
“Arizona desea de manera inadmisible regular la inmigración mediante la creación de una política de inmigración sólo para Arizona que está expresamente concebida para competir o suplantar a la del gobierno federal. Como tal, la política de inmigración de Arizona excede la función de un estado con respecto a los extranjeros, interfiere con la administración equilibrada del gobierno federal de las leyes de inmigración y socava los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. La ley S.B. 1070 no pretende simplemente apoyar la política de inmigración del gobierno federal, sino que crea un régimen de inmigración independiente sin precedentes que excede los límites constitucionales”, dijo el Departamento en su planteamiento.
(termina el texto)
(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Inter
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