Coahuila reafirma su compromiso con la transparencia
• Rubén Moreira promulga el Decreto en materia de Conflicto de Intereses
- 3 de Marzo de 2016
- Por: Roderic Gómez
Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 03 de marzo de 2016.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez, firmó y promulgó el Decreto que reforma diversos ordenamientos en materia de Conflicto de Intereses, que constituye un precedente trascendental en México en materia de transparencia y en la lucha contra la corrupción.
Ante el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller y el Consejero Presidente del ICAI, Jesús Flores Mier e integrantes del Gabinete, el mandatario estatal reafirmó el compromiso de su administración con la transparencia y la rendición de cuentas.
En la ceremonia, a la que asistieron las diputadas Georgina Cano y Sonia Villarreal, impulsoras de la también llamada “Ley Anticochupo”, destacó que de esta manera Coahuila se consolida como punta de lanza en el país en materia de transparencia.
Asimismo, solicitó al Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Carlos Cabello, que en los próximos días detalle personalmente a los servidores públicos estatales la trascendencia de la nueva Ley que establece sanciones que pueden ir desde seis meses hasta seis años de prisión y multa a quien incurra en conducta delictuosa.
“Está a la par del delito de negociación ilícita contemplada en el Artículo 199 del Código Penal que señala una pena de seis meses a ocho años de prisión, multa, retiro del cargo e inhabilitación para ejercer la función pública hasta por ocho años para el funcionario que contrate algún servicio u obra pública, existiendo conflicto de intereses”, abundó.
Rubén Moreira, agregó que esta Ley también es “elemento de protección para el servidor público y no de represión para él o ella. Tendrá (n), la obligación de manifestar públicamente si tiene o no conflicto de interés” al momento de concertar algún contrato con instancias estatales o municipales.
En ese contexto, aseveró que la norma evita que algún servidor público, incluso sin saberlo, beneficie indirectamente a algún familiar, cercano o lejano, con la contratación de algún servicio, por lo que la Ley establece la obligación de manifestar públicamente si hay o no conflicto de intereses con tal o cual proveedor.
De esta manera, añadió la Ley de Transparencia de Coahuila avanza con firmeza y es referente a nivel nacional.
Mientras que la diputada Georgina Cano, detalló que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), define al conflicto de intereses como aquel que se da entre las obligaciones públicas y los intereses privados de un servidor público que puedan influir en su desempeño.
“Se presta para obstaculizar el desarrollo económico de un municipio o estado, e inclusive para desviar recursos que podrían ser ocupados en beneficio de todos, dando paso, así, a la corrupción”, subrayó.
La Ley, agregó, busca evitar la corrupción y fomentar la transparencia en las contrataciones y que los particulares que aspiren a ser proveedores del Gobierno del Estado o de los Municipios, se abstengan de hacerlo si es que tienen conflicto de intereses, so pena de las implicaciones legales correspondientes.
En ese sentido, indicó, se reformaron las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; la de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.
También, la de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales así como el Código Penal.
Por su parte, el titular de la SEFIR, Carlos Cabello, refirió que a iniciativa de Rubén Moreira, constantemente en Coahuila se actualizan las normas y lineamientos tendientes a evitar actos de corrupción en dependencias estatales y de sus servidores públicos.
“Anteriormente, existían actos contractuales entre particulares y el Gobierno que a simple vista pudieran sugerir acciones irregulares y que generaban sospechas por sus circunstancias”, abundó.
Reiteró que el conflicto de intereses se presenta cuando aquellos servidores públicos tienen alguna relación personal, familiar o de negocios con proveedores, ya sean personas físicas o morales, que les lleve a desempeñar inapropiadamente su función.
Asistieron, además, los Secretarios de Gobierno, Infraestructura y Finanzas, Víctor Zamora, María Esther Monsiváis e Ismael Ramos; el Procurador General de Justicia, Homero Ramos; la Consejera Jurídica del Ejecutivo, Sandra Rodríguez y el Subsecretario de Egresos, Julián Montoya de la Rosa.
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