Califica Poiré a “Ley Viggiano” como el paso más amplio de la historia en prevención del delito
La diputada federal Alma Carolina Viggiano de Moreira presentó los alcances de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, misma que fue calificada por el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, como “un paso significativo en otorgar un marco jurídico amplio, el más amplio de nuestra historia”.
En su mensaje, el titular de la SEGOB destacó entre las bondades de esta nueva ley, que ella permite a los tres órdenes de gobierno contar con los instrumentos necesarios para potenciar la prevención de la delincuencia.
“Quiero de verdad hacer un reconocimiento muy especial, a la Diputada Carolina Viggiano, ya lo han hecho otros aquí, pero sí hay que señalarlo y subrayarlo: El éxito de esta Ley,(…) nos queda muy claro que si no hubiera sido por su esfuerzo y por su ímpetu muy probablemente no hubiéramos alcanzado este resultado si no hasta tiempo después” remarcó Alejandro Poiré.
Gracias a este nuevo ordenamiento, abundó, se estará realizando de una manera continua evaluaciones integrales de cada una de las políticas públicas, programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia de todos los órdenes de Gobierno.
“Vamos a tener un instrumento que nos permita saber qué programas están funcionando, cuáles son los más eficaces, cuáles son sus resultados puntuales (…) No me cabe duda que con esta nueva Ley, estamos avanzando en la reconstrucción del tejido social como una herramienta fundamental para prevenir la violencia y la delincuencia” indicó.
En su momento, la diputada federal Alma Carolina Viggiano de Moreira señaló que la prevención social de la violencia y la delincuencia es la herramienta que México requiere y que esta ley, representa la oportunidad de realizar una alianza con la sociedad y con los actores del sector público y privado para mejorar nuestro entorno, así como las condiciones de vida de los mexicanos.
Puntualizó que este ordenamiento constituye una inversión que a mediano y largo plazos permitirá a México reducir los índices de violencia y delincuencia, principalmente por cinco razones:
1.- La Ley integra a todos los actores cuyas funciones inciden o coadyuvan a la prevención social de la violencia y la delincuencia.
2.- No duplica funciones de otros órganos, sino que retoma las facultades de cada uno de los involucrados y las orientan a un mismo fin: la prevención.
3.- Permite dar a la prevención social de la violencia y la delincuencia un enfoque multidisciplinario e interinstitucional.
4.- Responde a las observaciones hechas a México por organismos internacionales.
5.- No cuesta, pues articula todos los programas existentes, vinculados a la prevención.
Viggiano de Moreira puntualizó que aactualmente existen alrededor de 180 programas tan sólo a nivel federal, que se encuentran vinculados a la prevención social de la violencia y la delincuencia, sin embargo –observó-, se encuentran desarticulados y cada uno cumple un objetivo distinto.
“Esta ley, busca precisamente articular todas esas acciones y recursos, para incidir en las causas que originan la violencia y la delincuencia” remarcó.
En ese tenor, enfatizó que se requiere de los esfuerzos institucionales tanto por parte de la federación, de las entidades y de los municipios, como del sector privado y de la sociedad civil para articular todas las acciones y enfocarlas a la prevención social.
la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia fue presentada en 2009 y aprobada el pasado 8 de diciembre en el pleno de la Cámara de Diputados con un respaldo unánime de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN PRD y PVEM. El 24 de enero del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Al acto, celebrado en las instalaciones de la SEGOB, asistieron Guillermo Padrés, Gobernador de Sonora y presidente de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y de Participación Ciudadana del Consejo de Seguridad Pública; Felipe González, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República; Sara Irene Herrerías, Procuradora de Atención a Víctimas del Delito y Félix Gavito, Presidente de la Fundación NEMI, servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros.
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